Ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dos grupos de trabajo y seis relatores especiales en materia de derechos humanos emitieron un pronunciamiento por las violaciones a los derechos humanos que sufren los presos políticos en Venezuela.
En el comunicado exponen su preocupación por las condiciones en los centros de reclusión del país, como el hacinamiento penitenciario, la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, alimentación y atención médica adecuada; además de las constantes denuncias de tortura.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dio a conocer la información, a través de sus redes sociales, explicando que «se reporta una sobrepoblación en centros penitenciarios y preventivos, lo que agrava las condiciones sanitarias y de seguridad, poniendo en riesgo la vida y salud de los detenidos».
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Además expusieron casos individuales como el de Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del régimen por presuntas secuelas de COVID-19 y torturas en 2021; y el de su hijo Josnars Baduel quien está detenido desde mayo de 2020 quien ha sido sometido a graves torturas y falta de atención médica.
También el caso de Emirlendris Benítez, quien fue detenida en agosto de 2018 sin orden judicial y torturada mediante asfixias y golpes, además obligada a abortar tras un procedimiento médico forzado. El informe también destacó las desapariciones forzadas, torturas, violaciones al debido proceso y discriminación contra grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
«El documento solicita al Gobierno de Venezuela que adopte acciones inmediatas para remediar estas violaciones, garantizando los derechos humanos de las personas detenidas de conformidad con las normas internacionales», destacó.