El Congreso estadounidense enfrenta un intenso debate en torno a la propuesta legislativa conocida como la Ley Laken Riley, que busca endurecer las medidas contra los migrantes indocumentados. Esta iniciativa contempla el arresto y la deportación inmediata de migrantes en situación irregular acusados de delitos menores, como hurto o robo, incluso antes de ser sometidos a juicio.
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El proyecto lleva el nombre de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería de 22 años asesinada en Georgia en febrero del año pasado. Su agresor, José Ibarra, un venezolano indocumentado de 26 años con antecedentes por hurto y robo, motivó la creación de la ley. Según los impulsores del proyecto, la deportación previa de Ibarra habría evitado el crimen que conmocionó al país.
Entre las disposiciones más significativas de la ley se incluyen:
- Arresto obligatorio para migrantes irregulares acusados de delitos menores.
- Facilidades para la deportación inmediata sin necesidad de juicio ni pruebas concluyentes.
- Facultad de los estados para exigir al gobierno federal si consideran que no se aplican estrictamente las leyes migratorias.
- Restricciones de visado a países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EE.UU.
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El Partido Republicano lidera la propuesta, argumentando que es una medida esencial para proteger a las comunidades. «Estamos protegiendo nuestras comunidades y honrando la memoria de Laken», afirmó un congresista republicano al presentar el proyecto.
Aunque promovida por los republicanos, la ley cuenta con el respaldo de algunos demócratas. El senador John Fetterman expresó: «Estoy a favor de dar herramientas a las autoridades para prevenir tragedias como esta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto». La aprobación en la Cámara de Representantes contó con 264 votos a favor, incluidos 48 legisladores demócratas.
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No obstante, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición de organizaciones de derechos civiles y defensores de los migrantes. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) advirtió que la ley vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso. También señalaron que la detención sin juicio podría saturar el sistema judicial, afectando los casos penales en curso.