El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley Laken Riley, la primera normativa de su nueva Administración, en un acto simbólico en el que estuvieron presentes los padres de la joven que da nombre a la legislación. La nueva medida exige la detención y posible deportación de inmigrantes sin permiso de residencia en Estados Unidos que sean acusados de robo sin violencia o crímenes violentos, incluso antes de recibir una condena.
«Firmamos esto en honor a Laken Riley», declaró Trump antes de rubricar la norma, destacando que su gobierno no permitirá que el crimen que sufrió la joven sea olvidado.
Una legislación polémica con impacto inmediato
La ley, aprobada con rapidez en el Congreso de mayoría republicana y con apoyo de algunos demócratas, ha sido fuertemente criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que podría dar paso a redadas masivas e incluso afectar a personas que aún no han sido condenadas.
No obstante, Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una piedra angular de su gestión y sugiere que esta norma es solo el inicio de una política migratoria más agresiva.
«Esta horrible atrocidad nunca debió haber sucedido», afirmó el mandatario en referencia al asesinato de Riley en 2024. La joven estudiante de enfermería fue atacada mientras corría en Georgia por José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano sin permiso de residencia, quien fue condenado a cadena perpetua.
El mensaje de Trump a los gobiernos latinoamericanos
Durante la firma de la ley, Trump insistió en que su Administración no solo fortalecerá la seguridad fronteriza, sino que además garantizará que todos los países latinoamericanos acepten la deportación de sus ciudadanos sin opción de rechazo.
«Estos criminales hacen que los nuestros se vean como buenas personas», señaló el presidente, reforzando su postura de vincular la migración con el aumento de la criminalidad en el país.
Con esta ley, el Departamento de Seguridad Nacional tendrá la facultad de detener a inmigrantes acusados de ciertos delitos sin esperar el debido proceso judicial, lo que marca un giro radical en las políticas migratorias recientes y podría desencadenar un fuerte debate legal y social en los próximos meses.