Florida se encuentra en vísperas de una decisión que podría redefinir su política de inmigración durante una tercera sesión especial convocada por los líderes del Senado y Cámara estales para afianzar una estrategia alineada con las prioridades del presidente Donald Trump.
La propuesta, objeto de un intenso debate, modifica una medida aprobada hace dos semanas. El proyecto revisado descarta la iniciativa que habría otorgado al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, la función principal en materia migratoria.
En su lugar, se plantea la creación de una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración conformada por el gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Este órgano tendrá la responsabilidad de coordinar con funcionarios federales y distribuir 250 millones de dólares en subvenciones a las agencias locales de seguridad, fondos que podrían incluir bonificaciones de 1.000 dólares para agentes de policía capacitados en grupos de trabajo federales.
Las decisiones de la junta deberán alcanzarse por unanimidad, un requisito que el presidente del Senado, Ben Albritton, calificó de “modelo de consenso” y que se enmarca en una mayor reorganización del Gabinete de Florida.
Medidas drásticas
El proyecto contempla además medidas de endurecimiento en la cooperación de alguaciles y administradores de cárceles, quienes deberán adherirse al programa y reportar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.
La iniciativa impone multas de 5.000 dólares y la suspensión del cargo a aquellos funcionarios que no cumplan con las órdenes de detención emitidas por una agencia federal. Se aumentan las penas y se establece la detención preventiva para los migrantes indocumentados que cometan delitos graves.
Asimismo, el plan destinará 35,6 millones de dólares a la oficina de Simpson para reforzar la seguridad fronteriza y otros 12 millones de dólares a su agencia para financiar 84 puestos de seguridad.
De igual forma, la medida eliminará la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes indocumentados y, en un proyecto de ley paralelo, convertiría en delito estatal la presencia ilegal en el país, con la posibilidad de imponer la pena de muerte a quienes cometan asesinatos o abusos contra menores.