El régimen de Nicaragua ha impedido el ingreso de al menos 160 ciudadanos tras la implementación de una reforma a la Ley de Migración, la cual faculta a las autoridades a rechazar el retorno de nacionales bajo el argumento de que pueden representar una amenaza para la paz y la seguridad del país.
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Muchos de los afectados se encontraban en Estados Unidos y habían iniciado su proceso de retorno luego de que expirara los permisos migratorios con los que permanecían en el extranjero, como el parole humanitario. Sin embargo, la aplicación de la nueva normativa ha dejado a estas personas en una situación incierta.
Aprobada en noviembre de 2024, la reforma a la Ley 761 concede a la Dirección General de Migración y Extranjería el poder de negar o revocar la entrada y residencia de cualquier persona, así como de despojarla de su nacionalidad.
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Desde 2023, el gobierno ha retirado la nacionalidad a cerca de 500 ciudadanos. Ahora, con la imposibilidad de retorno para más de 160 personas, organizaciones de derechos humanos advierten que se trata de una forma de apatridia de facto.