Este jueves, el Ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Homes Trujillo, en compañía de la cúpula militar y de la Policía Nacional, dio algunas informaciones al país:
En primer lugar informó, que hay que reiterar que la política del gobierno del Presidente Duque es de apoyo total, y pleno a la Fuerza Pública, así como cero tolerancia con la corrupción, y con cualquier violación a la Ley o a los reglamentos. En tercer lugar destacó que se trata es de saber la verdad y de individualizar las responsabilidades, no se trata de inventarse chivos expiatorios ni de castigar inocentes.
Asimismo resaltó que la Fuerza Pública, a través de las dependencias autorizadas, continúa realizando sus actividades de inteligencia y contrainteligencia en el marco de la Ley 1621 del 2013, con el objetivo de prevenir, identificar y neutralizar amenazas tanto internas como externas que pongan en peligro la integridad de las Fuerzas o de la Nación.
Holmes destacó que la filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la Fuerza Pública es un delito y por lo tanto será investigado y sancionado. «Permanentemente están en marcha mecanismos dentro de la Fuerza Pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano».
El Ministro destacó que Colombia tiene unas instituciones fuertes y sólidas, que son reconocidas en el contexto internacional por su respeto hacia los valores democráticos y la ley. El Ministerio de Defensa reitera que la política del Gobierno Nacional es de cero tolerancia con la corrupción y la ilegalidad y expresa que cualquier hallazgo será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias.
Informó que en lo que respecta a denuncias sobre presuntos usos irregulares de las capacidades de inteligencia, se continúa el trabajo de auditoria interna y la colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para facilitar el buen desarrollo de las investigaciones. Cualquier presunto acto en contra de la Constitución y de la Ley debe ser investigado y sancionado con rigor.