Millones de personas, de distintas nacionalidades, han quedado varadas en decenas de países desde hace dos meses cuando el Covid-19 llegó para quedarse.
Todos los países del mundo cerraron sus fronteras tratando de evitar una propagación del virus, decisión que ha afectado a millones de ciudadanos que estaban por retornar a sus destinos.
Por tal motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado, a través de una declaración de su presidente, Joel Hernández, que según los acuerdos internacionales, los gobiernos están obligados a brindar protección a sus connacionales, tanto dentro como afuera de sus fronteras, por lo que pidió celeridad en éstos casos.
«Este principio llama a los estados a no expulsar o deportar ciudadanos, pero también establece la prohibición de denegar el derecho a regresar, nadie puede ser privada del derecho a regresar», dijo Hernández en una conferencia virtual organizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), en donde abordaron la situación de los miles de salvadoreños que se encuentran varados en el extranjero y a quienes el gobierno se ha negado a repatriar.
La referencia del presidente de la CIDH es al documento firmado en diciembre de 2019 llamado, Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas.
Hernández dijo que, basándose en esos principios, los países deben brindar opciones a sus ciudadanos para poder retornar de manera ordenada y bajo los estándares necesarios de salud.
«El Salvador tiene una red consular bien desarrollada que podría coordinar la asistencia que genere las opciones para que puedan retornar a sus nacionales, otros países lo han hecho, entendemos que cada país tiene una capacidad económica distinta, pero hay cooperación internacional que puede ayudar para poder retornar», aseguró.
Con datos de la Voz de América