La denuncia la presentó el Diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Rafael Veloz, quien explicó que la extensión de la cuarentena afecta el sistema de justicia en el país y aseguró que dicha medida atiende más a fines políticos que a protocolos sanitarios.
Las declaraciones las ofreció Veloz durante el foro “Análisis sobre la suspensión de la justicia en pandemia” en el cual señaló que ONG´s, sociedad civil, gremios y asociaciones sindicales han denunciado cómo esta situación ha afectado a los abogados, trabajadores de dependencia que no cuentan con subsidio alguno, lo que coloca a muchos al borde de la pobreza por no poder ejercer.
«Hay dos elementos, uno es que el ciudadano no tiene la atención requerida para los recursos propios de la justicia, es decir, una persona con una emergencia de salud quiere vender un bien y no puede porque no hay ninguna notaría que preste servicio; y el otro elemento es que esto ha generado una movilización social para exigir la flexibilización de los servicios con las previsiones de resguardo que establece la OMS»
“Está situación ha empobrecido a distintos gremios del área judicial. La última semana abogados del estado Sucre protestaron para solicitar que se levanten estas medidas que afectan al gremio y su calidad de vida, pues su sueldo es de 4 dólares mensuales”
Finalmente Veloz alertó que en el país en los meses de enero a marzo 2020 han ocurrido 158 ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según datos suministrados por ONG y distintos sectores de la sociedad civil, lo que deja en evidencia los abusos del régimen en materia de seguridad y justicia.