Los detalles revelados en este informe de Human Rights Watch divulgado este viernes afirman que las fuerzas de seguridad y las autoridades del gobierno en disputa de Venezuela han usado las medidas de restricción por el coronavirus para reprimir a las voces disidentes y aumentar su control “férreo” sobre la población.
Desde que se declaró el estado de excepción para combatir la pandemia a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido de forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y críticos del gobierno de Nicolás Maduro, dice el informe.
Este decreto autorizó a las fuerzas de seguridad a hacer “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones emitidas.
En la práctica, dice el grupo defensor de los derechos humanos, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las fuerzas armadas, la policía y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales.
También incluye a los grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.
El informe dice que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en julio sobre una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales en Venezuela.
Además, documentó que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en barrios pobres.
Organizaciones locales también documentaron que agentes de las fuerzas de seguridad han detenido de forma arbitraria a quienes no usan mascarillas o se reúnen en las calles, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles por presuntamente haber incumplido medidas de cuarentena.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Contra muchos de los detenidos se ha utilizado una ley contra el odio que HRW califica de “absurda y excesivamente amplia”, para acusarlos de diversos delitos y procesarlos por un poder judicial sin la más mínima independencia.
En varios casos, se les han imputado delitos de posesión de armas o “agavillamiento” (asociación ilícita) a opositores políticos, a partir de pruebas que habrían sido plantadas para incriminarlos.
Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.
Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.
Con información de VOA