El Gobierno de Estados Unidos ha hecho de todo en estos últimos días mientras se termina de definir la extradición del testaferro de Nicolás Maduro desde Cabo Verde y su diplomacia defiende que juzgar a Alex Saab, acusado de lucrarse con el expolio de los recursos de los venezolanos, es un paso crucial en el desmantelamiento de una gran trama criminal de contrabando y narcotráfico que supervisa el chavismo. El máximo responsable para Venezuela e Irán en el servicio diplomático estadounidense, Elliott Abrams, dice a ABC que «bajo Maduro, Venezuela se ha convertido en sede mundial de la corrupción mundial».
Tiene Abrams un mensaje claro para la comunidad internacional, incluida España: es hora de sumarse a la iniciativa de EE.UU. contra los excesos del régimen chavista. «Según Transparencia Internacional, Venezuela es uno de los cinco países más corruptos del mundo. La actual crisis de Venezuela es una gran prueba para la comunidad internacional. Creemos que la cooperación internacional, a través de una combinación de sanciones y diplomacia, puede lograr una restauración pacífica de la democracia, la estabilidad económica y el estado de derecho en Venezuela», asegura a este diario Abrams.
Es cierto que Venezuela, junto con Nicaragua, es, según Transparencia Internacional, el país más corrupto de Iberoamérica. Estos dos países, según un informe publicado en enero por esa organización no gubernamental alemana, tienen mucho en común: violaciones de los derechos humanos, represión de la oposición, carencia de servicios públicos básicos medidas de gobierno sin consultar a la ciudadanía. Esa organización ha afirmado, de hecho, que Venezuela está comenzando a ser un «estado fallido».
Cargos en Colombia
Tras el arresto de Saab, la fiscalía colombiana también presentó cargos contra el empresario, que tiene la doble nacionalidad de Colombia y Venezuela, por lo que describió como «actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada». Posteriormente, la policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados, con un valor total estimado de 10 millones de dólares.
Abrams asumió el 6 de agosto el cargo de representante especial en funciones de EE.UU. para Irán, que suma al de enviado para Venezuela, en el que está desde enero de 2019. Es esta una decisión consciente de la diplomacia norteamericana: desde la pasada primavera los regímenes iraní y venezolano han estrechado lazos, reforzando su alianza política y militar. De hecho, al menos seis cargueros de gasolina iraní han sido enviados a Venezuela desde mayo, en desafío de las sanciones de EE.UU.
Apenas una semana después de que Abrams asumiera la cartera de Irán, EE.UU. se incautó cerca del estrecho de Ormuz de la gasolina que cuatro cargueros iraníes llevaban a Venezuela. Curiosamente, la orden de decomiso de los agentes federales que supervisaron la operación iba dirigida tanto a la Guardia Revolucionaria de Iran como al régimen chavista de Venezuela, según un anuncio posterior del departamento de Justicia norteamericano. Aproximadamente 1,1 millones de barriles de combustible fueron confiscados de los buques Bella, Bering, Pandi y Luna.
Según reveló The Associated Press, citando a funcionarios estadounidenses no identificados, no se utilizó ninguna fuerza militar en la incautación de la carga y ninguno de los barcos fue incautado. Sí cooperaron, según el departamento de Justicia norteamericano, varios socios de EE.UU. a los que no cita.
En estos momentos, el Supremo de Cabo Verde decide sobre la extradición de Saab, al que defiende el español Baltasar Garzón. El juzgado competente ya autorizó su extradición, algo que Garzón y los letrados Martha Rutsel Silvestre y José Manuel Pinto Monteiro calificaron de «arbitrario, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación». Además, criticaron a EE.UU. por perseguir a Saab «por razones políticas» y de conculcar el ordenamiento jurídico y el derecho humanitario.
Respuesta a Garzón
Abrams asegura a ABC que «en caso de que Saab sea extraditado a EE.UU., tendrá un juicio justo e imparcial en el que defenderse de los graves cargos por los que ha sido imputado, con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema, que como el de Cabo Verde es independiente».
Preguntado concretamente por las acusaciones del juez Garzón, Abrams dice a ABC: «La solicitud de extradición de EE.UU. se basa en el estado de derecho y en los compromisos comunes que Cabo Verde y EE.UU. han asumido para combatir el crimen organizado transnacional en virtud de tratados internacionales. Lo que ha sido político es la agresiva campaña de mentiras y desinformación que Saab y el régimen de Maduro han montado en sus medios y en las redes sociales en un intento de influir en el proceso judicial e influir en la opinión pública caboverdiana. A pesar de esta presión política, tenemos fe y confianza en la integridad del sistema judicial de Cabo Verde y esperamos que se haga justicia».
A Saab y sus abogados aun le quedan varios recursos antes de que la orden de extradición sea firme. De momento la estrategia de Garzón ha sido impugnar el proceso por considerarlo ilegal, acusando a EE.UU. de persecución política. Pero según han dicho fuentes gubernamentales norteamericanas, Saab ya está intentando contratar a un abogado de Florida que le represente.
En EE.UU. Saab se enfrenta a cargos de lavado de dinero, presentados el año pasado. Las autoridades de EE.UU. también investigan su papel en alzamiento de bienes, tráfico de oro y crudo y fraude con la ayuda humanitaria, según reveló ABC la semana pasada.
Según dijeron a este diarios fuentes conocedoras de esas pesquisas, «Saab es el arquitecto de una red a gran escala que sirve para generar ganancias ilícitas al régimen de Maduro, a partir del tráfico de oro y el petróleo. Tanto Saab como el régimen de Maduro se han beneficiado de millones de dólares a costa de los venezolanos que no pueden proporcionar alimentos básicos y refugio a sus familias».
Esta semana los propios abogados de Saab admitieron que el empresario, a quien el Gobierno de EE.UU. considera testaferro de Maduro, estaba repostando en Cabo Verde cuando fue detenido por una orden de Interpol en una misión como enviado especial del régimen venezolano a Irán para negociar más adquisiciones de combustible, según dijeron sus abogados a la agencia Reuters.
Saab tuvo su primer contrato con el régimen chavista en 2011, al hacerse cargo de la construcción de casas de bajo coste por 685 millones de dólares. A la firma del acuerdo en noviembre de aquel año acudieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, además de Maduro, que por aquel entonces era canciller. Ese contrato le permitió, según la fiscalía norteamericana, entablar toda una operación de lavado de dinero tras obtener una tasa de cambio preferencial del Gobierno de Venezuela.
Con información del ABC de España