Fortunas multimillonarias de miembros de la dictadura de Venezuela ahora están en el ojo del huracán tras la investigación que la Red de Control Financieror (FinCEN por sus siglas en inglés) una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ejecutado.
Los “boligarcas” o «boliburgueses» como también se les conoce cuidaron muy bien cada detalle para tratar de salvar «sus fortunas» logradas con dinero del estado para poderlas disfrutar años después en algunos paraísos fiscales o incluso en Estados Unidos.
Los documentos que ahora el FinCEN tiene en su poder investiga una extensa lista de «empresarios» vinculados a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde el año 2000 y hasta el 2017.
Más de 2 mil reportes, que no corresponden a pruebas de un delito ni constituyen acusaciones criminales, fueron filtrados al medio estadounidense Buzzfeed, quien posteriormente los compartió con periodistas de investigación de 108 medios en 88 países, incluido el programa Panorama de la BBC.
En el caso de Venezuela, los documentos señalan a un empresario en particular, se trata de Alejandro Ceballos Jiménez, magnate de la construcción que, según los reportes filtrados, traspasó secretamente $116 millones de contratos para construir viviendas sociales a compañías offshore y a cuentas de sus familiares a través de bancos de Europa y Estados Unidos.
Uno de los casos investigados es el que tiene que ver con el desaparecido Banco Espirito Santo, en donde Ceballos habría movido más de $100 millones fuera de Venezuela a cuentas de su familia. Parte del dinero provenía de la petrolera estatal PDVSA y de programas gubernamentales como la Misión Che Guevara, creada por la dictadura venezolana supuestamente para combatir la pobreza.
Ceballos es uno de los siete magnates venezolanos cuyas operaciones financieras, tras cerrar acuerdos con los regímenes de Chávez y Maduro, se revelan en los archivos FinCEN.
Según el análisis hecho por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) de los archivos filtrados, hay reportes bancarios de transacciones sospechosas ligados a Venezuela por un valor de más de 4 mil 800 millones de dólares entre 2009 y 2017. Cerca de un 70% involucra dinero público pagado por una entidad gubernamental.
Magnate de la construcción
Ceballos no respondió a los pedidos de entrevista del ICIJ realizados en agosto. Se excusó en las dificultades para acceder a los documentos debido a la cuarentena en Venezuela por la pandemia.
Ceballos tiene una lujosa residencia en Miami, donde disfruta de una de sus grandes pasiones: las carreras de caballos en el hipódromo de Hallandale Beach.
La fortuna de Ceballos viene de lejos. Durante décadas la constructora familiar, Inversiones Alfamaq, operó en Venezuela.
Bajo el gobierno de Chávez su familia ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de aguas o renovar estadios deportivos.
“No hay obra en Venezuela en la que Alfamaq no haya trabajado en estos más de 37 años”, presumía Ceballos en una entrevista en 2016.
Entre ellas las de la Gran Misión Vivienda, desde 2011 uno de los programas sociales más emblemáticos del gobierno de Chávez, cuyo plan era construir dos millones de hogares para gente pobre y de clase trabajadora.
En 2012 el gobierno otorgó $126 millones de dólares a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1,540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por Ceballos y su familia.
Unos abogados suizos servían de representantes para ocultar la propiedad de Ceballos, según el reporte de Banco Espirito Santo a la FinCEN.
Entre 2013 y 2014 agencias del gobierno de Venezuela pagaron a Starleaf más de $146 millones de dólares, según el desaparecido banco portugués. Luego la firma londinense distribuyó decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de la familia Ceballos, de acuerdo a Espirito Santo.
“El patrón de pagos y la significativa porción o margen enviada a miembros de la familia parecen ser excesivos”, escribió el banco en un informe de febrero de 2014. Tras revisar contratos y facturas, el banco concluyó que eran “artificiales”, lo que puede estar conectado con lavado de dinero o evasión fiscal.
El gobierno de Venezuela en 2015 investigó ese proyecto y concluyó que hubo “irregularidades”.
Los “bolichicos”
Los archivos también muestran los vínculos del banco suizo CBH con Alejandro Betancourt, que con sólo 29 años fundó Derwick, empresa a la que el gobierno de Venezuela otorgó sin concurso previo miles de millones de dólares para reparar el sistema eléctrico del país, hoy en día una de las infraestructuras más deterioradas de Venezuela.
A Betancourt y sus jóvenes socios se les conoce como “bolichicos”.
En 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit y a otros siete ejecutivos de Derwick en una supuesta red de sobornos y lavado de dinero. Betancourt fue citado en la acusación como cómplice.
Los reportes de la FinCEN muestran alertas de decenas de pagos sospechosos que involucran a Derwick y a los bancos suizos CBH y Julius Baer.
Por ejemplo, Derwick envió cerca de $12 millones de dólares a una compañía llamada Mediterraneo Global Investments en un pago calificado como sospechoso por el banco que lo realizó.
“Lo que ha pasado es el saqueo de un país”, dijo al ICIJ Zair Mundaray, exfiscal anticorrupción de Venezuela y que ahora colabora desde el exilio con el líder opositor Juan Guaidó.
Mundaray culpa de la impunidad de los “boligarcas” a los bancos por no hacer un escrutinio más exhaustivo a sus clientes.
“Ningún banco investigó esto suficientemente”, agrega.
Con Mundaray coincide Martin Rodil, fundador y director ejecutivo de InterAmerican Solutions, consultora que asesora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones a Venezuela: “Sin los bancos esto no habría sucedido”.