El Gobierno de Chile mostró este lunes su preocupación por la creciente ola de migrantes que entraron al país por pasos no habilitados desde el inicio de la pandemia y anunció el fortalecimiento del control fronterizo en el norte del país.
«Vamos a fortalecer el control fronterizo, vamos a trabajar con las Cancillerías de los países vecinos para coordinar esfuerzos y vamos a ofrecer una cooperación para contribuir a desmantelar las bandas de trata de personas», indicó el canciller, Andrés Allamand.
El anuncio llegó después de que las autoridades de Iquique, a 1.700 kilómetros al norte de la capital, enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera en la que solicitaban colaboración para enfrentar la labor humanitaria que implica la entrada de inmigrantes por pasos clandestinos en plena pandemia de la COVID-19.
«Esta situación requiere de un tratamiento de Estado. Una zona fronteriza como la nuestra, y en el contexto de esta pandemia, puede verse expuesta a esta situación en reiteradas oportunidades», señaló en la misiva el alcalde de la ciudad norteña, Mauricio Soria.
El Colegio Médico de la región apuntó a que el continuo flujo de buses que llegan con ciudadanos en situación irregular podría provocar el colapso de las residencias sanitarias en las que los migrantes hacen cuarentena por 14 días.
«Las consecuencias sanitarias que puede traer esta situación pueden ser gravísimas y no evitará que la pandemia continúe», señaló el colectivo.
REVISIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población.
Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
El ministro del Interior, Víctor Pérez, pidió por su parte al Parlamento que apruebe un proyecto de ley migratoria presentada por el propio Gobierno bajo el lema «ordenar la casa».
«Es indispensable tener una ley migratoria que provea al Estado de herramientas para combatir al estado irregular», afirmó.
El proyecto de ley, que se ha ganado las críticas de la oposición y de las organizaciones promigrantes, busca evitar la migración irregular, en momentos en que el país enfrenta la mayor crisis económica en cuatro décadas por la pandemia.
La actual Ley Migratoria, una de las más antiguas de Latinoamérica, fue diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando Chile apenas recibía migrantes, y se ha ido actualizando con los años pero sin grandes cambios estructurales.
En abril de 2018, Piñera aprobó una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros y que promovían el regreso de los haitianos a sus país de origen.
Según la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), el tráfico ilegal de inmigrantes se multiplicó por 14 en los últimos dos años.
El Servicio Jesuita Migrante indicó que en los últimos diez años han ingresado por pasos no habilitados un total de 26.929 personas, algo que según la organización se ha agravado con las medidas decretadas por el actual presidente. EFE