Un total de 1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de Venezuela en los primeros seis meses de 2020, es decir, un promedio de nueve personas por día.
La mayoría de estas personas fueron jóvenes pobrese, entre18 y 30 años de edad, según Provea.
Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Lasdos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.
Las miles de víctimas son el resultado de abusos y la impunidad estructural junto a una mala política por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública, explica el artículo de la ONG.
Son pocos los casos que son investigados. Sin embargo, no distinguen entre quiénes apoyan al régimen de Maduro y quiénes no, según Provea.
El pasado 21 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás maduro.
En este caso, afortunadamente para los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen.
Por los hechos, se privó de libertad a José Contreras y Néstor Olano y se ordenó la captura de los funcionarios Andrés Díaz, y José Moreno.
Otro caso…
Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez.
Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación.
Pasadas 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos.
En los dos casos hay un elemento común: Las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.
Sin embargo, cuando no hay un «padrino político», la situación es muy diferente.
En primer lugar, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa.
De esta forma, son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales.
Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad.
Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Limón, la versión oficial presentada por las FAES fue que las personas habían enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron.
Esta es la versión en la casi totalidad de casos en los cuales no sólo este componente de la Policía Nacional realiza ejecuciones, sino también cuando están involucrados otros organismos policiales.
En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la
realización de ejecuciones extrajudiciales.
Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima.
Constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida.
Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte.
Este patrón se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (i) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patrón “abuso poder”); (ii) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes bajo el paragua de la “profilaxia social”, donde la versión institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las víctimas se trataba de peligrosos criminales.
Letalidad en ascenso con mayor participación de la FANB
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial más letal.
En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.
Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.
En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país.
El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.
Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%.
Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB.
Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones.
Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones.
Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.