La Responsabilidad de Proteger o R2P (por sus siglas en inglés) fue el tema de discusión en el foro “Justicia Internacional: Responsabilidad de Proteger y las Leyes Magnitsky”.
El webinar, organizado por la Embajada de Venezuela en Canadá, contó con la participación de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado del país.
Para el mandatario interino, el contexto de crisis humanitaria que viven los venezolanos, sumado a la corrupción y al secuestro institucional de la dictadura madurista, justifica la activación y aplicación del R2P.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo encargado, tanto Venezuela como sus ciudadanos desean restaurar la democracia y vivir en libertad.
Apuntó Juan Guaidó que ambas tareas serán lo más parecido a un imposible, mientras el régimen usurpador retenga el control de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
En tal sentido, el presidente encargado clamó por la asistencia de una comunidad internacional que, bajo los postulados del R2P, está en la obligación de colaborar en el regreso de la institucionalidad democrática a Venezuela.
“El régimen de Maduro puede asesinar a cualquier venezolano”
Durante el foro realizado este miércoles, 21 de octubre, también tomó la palabra Delsa Solórzano, diputada de la legítima Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial.
En su exposición, la asambleísta aseguró que la crisis humanitaria compleja, la corrupción y las actividades narcoterroristas en las que incurre la dictadura de Nicolás Maduro son, apenas, algunos de los males a los que deben hacer frente los venezolanos.
A ese listado de irregularidades, Solórzano se permitió agregar el reiterado y sistemático ultraje a las garantías fundamentales de los ciudadanos. “En el caso de mi país (…) ni siquiera hablamos de violación de derechos humanos (…) sino que estamos hablando, hoy día, de crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
Para la legisladora, la ausencia de un verdadero Estado de derecho permite, a Nicolás Maduro y a los funcionarios de su régimen, “asesinar a cualquier venezolano”.
Para argumentar su afirmación, la parlamentaria recordó a los manifestantes que fueron abatidos por fuerzas de la dictadura, durante las protestas de 2014 y 2017.
Delsa Solórzano también citó la memoria de los “más de 400 prisioneros de conciencia” que, según comentó, “están siendo brutalmente torturados”.