Un grupo de legisladores demócratas exhortó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump a que suspenda la expulsión de niños que viajan solos y de otros solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos valiéndose de poderes de emergencia concedidos durante la pandemia del coronavirus.
La carta dirigida al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Chad Wolf, y al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Robert Redfield, fue enviada después de que The Associated Press dio a conocer que el vicepresidente Mike Pence les instruyó a los CDC que cerraran por completo las fronteras terrestres de Estados Unidos a los inmigrantes y solicitantes de asilo, según dos exfuncionarios de salud.
Pence emitió la orden después de que el doctor de los CDC que normalmente se encarga de esas órdenes se negara a acatar un mandato de la Casa Blanca para que detuviera el flujo de inmigrantes en la frontera, porque dijo que no existía una razón válida de salud pública para hacerlo. Hasta ahora la medida ha derivado en que más de 197.000 niños y adultos inmigrantes sean expulsados del país.
«Evidentemente, las expulsiones carecen de un fundamento de salud pública, y el gobierno federal es totalmente capaz de recibir y colocar a niños no acompañados y a solicitantes de asilo, al tiempo que protege la salud pública», se afirma en la misiva, firmada por 58 legisladores.
En un comunicado, los CDC se negaron a comentar sobre la situación, argumentando que hay un litigio pendiente, pero sí dijeron que le responderán directamente al Congreso. El DHS no respondió de momento a una solicitud de comentarios el lunes. Katie Miller, vocera de Pence, ha rechazado que el vicepresidente le diera instrucciones a los CDC sobre este asunto.
En el centro de la cuestión está la orden del 20 de marzo bajo el Título 42 de la Ley de Servicios de la Salud Pública, la cual le da a las autoridades federales de salud poderes únicos durante una pandemia para tomar medidas extraordinarias con el fin de limitar la transmisión de una enfermedad infecciosa. Una de ellas es la capacidad de detener el flujo de inmigrantes de países con cifras elevadas de casos confirmados, una autoridad legal que los CDC no tienen normalmente.
La orden de los CDC abarca las fronteras con México y Canadá, pero ha afectado sobre todo a los miles de solicitantes de asilo e inmigrantes que arriban a la frontera sur. Expertos en salud pública habían exhortado al gobierno a enfocarse en un mandato a nivel nacional para portar mascarillas, aplicar el distanciamiento social e incrementar el número de rastreadores de contactos para localizar a la gente que haya estado expuesta al virus.
Pero Stephen Miller, un alto asesor de Trump que ha expresado su oposición a la inmigración, presionó en favor de la orden de expulsión, según Olivia Troye, ex alta asesora de Pence, que coordinó al equipo especial de la Casa Blanca para el coronavirus, reseña la Voz de América.
Antes de marzo, los niños centroamericanos que ingresaban a Estados Unidos solos normalmente eran enviados a instalaciones supervisadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés). Se requiere que los albergues del HHS tengan una licencia estatal, camas y proporcionen educación. A la larga la mayoría de los niños son colocados con familiares o amigos que fungen como patrocinadores mientras aguardan a tener una audiencia en la corte.
Amparándose en la orden emitida bajo el Título 42 este año, el gobierno optó mejor por detener a algunos niños migrantes en hoteles, en ocasiones durante semanas, antes de deportarlos a sus países de origen.
En su misiva, los legisladores dicen que la orden pone a los niños en peligro, incluyendo exponerlos a traficantes de personas.
«Al pasar por alto estos procedimientos, el DHS está poniendo en riesgo el bienestar de estos niños, y en algunos casos su vida», señala el texto. Voz de América