Actuación inmediata en el caso de Venezuela: eso fue lo que exigió Orlando Viera-Blanco a la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal que tiene su sede en la ciudad de La Haya y que investiga denuncias contra Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos.
Viera-Blanco, embajador del Gobierno interino en Canadá, apuntó que tanto la CPI como su fiscal, Fatou Bensouda, deben actuar para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en suelo venezolano y para prevenir la ejecución de nuevos delitos.
“La justicia Penal Internacional (…) ha sido emplazada por la OEA (Organización de Estados Americanos) para investigar oficialmente a Maduro y su cadena de mando”, dijo el diplomático durante una ponencia ante el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
En ese mismo espacio, el funcionario agregó que tal exhorto resulta “impostergable para evitar un estado de impunidad que sigue permitiendo masacres, muertes y excesos represivos en Venezuela”.
De acuerdo con el embajador, la activación de un proceso por parte de la CPI “cambiaría todas las correlaciones de poder, convertiría a Maduro y su camarilla en reos de la justicia internacional y aceleraría el proceso de cambio político en Venezuela”.