Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de la Declaración de los Derechos Humanos para honrar la memoria de las víctimas de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones de derechos fundamentales así como a sus defensores y activistas. Esta fecha sirve para reforzar el ideal común por el que todas las naciones deben esforzarse.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que recoge en sus 30 artículos de derechos universales pero no vinculantes.
Venezuela y sus ciudadanos viven constantemente ante la violación sistemática de los DDHH por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a distintas ONG de la sociedad civil venezolana que solicitaban ante la instancia internacional priorizar las denuncias de violaciones de DDHH en el país producto del despilfarro y las desviación de fondos público destinados a sectores vitales como la salud.
Emergencia Humanitaria Compleja
Ese contexto coincide de manera lamentable con el momento más complejo que vive la humanidad por los continuos estragos causado por la pandemia del COVID-19, principalmente en materia de salud, economía y dinámicas sociales de cada nación. En Venezuela, la crisis sanitaria global ha exacerbado la Emergencia Humanitaria Compleja en la que se ve sumida la población venezolana generada por el la corrupción sistemática que se lleva a cabo en el país desde 1999.
El abuso de poder, la opacidad, el despilfarro y la desviación de recursos políticos que debieron destinarse a la inversión y mantenimientos en sectores prioritarios como salud, agua, electricidad, alimentación, transporte, gas doméstico y combustible ampliaron la brecha de pobreza y desigualdad aunada a la situación de desabastecimiento, escasez, hiperinflación y fallas estructurales de los servicios, obligó a más de 5 millones de personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Asimismo, el confinamiento impuesto por el manejo de la pandemia sirvió de excusa para exacerbar la represión, la criminalización de la protesta y la persecución, preexistentes en Venezuela.
El principal objetivo de la audiencia solicitada ante la CIDH fue promover y nutrir el debate sobre la vinculación entre la corrupción y los derechos humanos en Venezuela, en ese sentido las organizaciones exigieron el cese inmediato de las persecuciones y amenazas contra el personal médico, trabajadores de la salud, periodistas y ciudadanos que denuncian irregularidades y abusos; así como el establecimiento de sistemas anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública en el sector salud; además de presentar la relación de medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en este ámbito.
Visita en el sitio de la oficina del Alto Comisionado para los DDHH
La profunda crisis de derechos humanos que enfrenta el país quedó evidenciada ante los ojos del mundo tras la investigación realizada in situ por la a Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. La instancia determinó que autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
En el informe publicado el pasado 20 de septiembre, los expertos determinaron que funcionarios de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos. Las conclusiones se basaron en entrevistas a víctimas y sus familiares, abogados y testigos, así como a miembros y exmiembros del poder judicial y de las fuerzas de seguridad; así como en imágenes y videos verificados y documentos gubernamentales, incluidas leyes, políticas públicas y directivas.
Los expertos concluyeron que tenían “motivos razonables para creer” que tanto Nicolás Maduro como los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el informe, y “teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas”.
De igual modo, en el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado el 2 de diciembre, reafirmó que existe una base razonable para concluir que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y condenó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos delitos.
El documento señala que, desde la divulgación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado “en escala, alcance y gravedad”, al tiempo que el país enfrenta una Crisis Humanitaria Compleja sin precedentes.
A partir del trabajo de la Misión Independiente de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, académicos independientes “y otras fuentes creíbles”, el informe de la OEA retrata a una Venezuela devastada “por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario”.