Para paliar la dura realidad financiera de cientos de estadounidenses, el presidente Joe Biden se prepara para rubricar dos decretos de emergencia que, según lo trascendido, aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los trabajadores desempleados y elevan hasta 15 dólares por hora el sueldo mínimo de los asalariados.
La primera de esas órdenes ejecutivas gira instrucciones para que el Departamento de Agricultura ajuste las normas de ayuda alimentaria. Así las cosas, los niños que no pueden almorzar en comedores escolares, debido a la pandemia de la Covid-19, verán incrementado en 15% el subsidio por alimentación.
Del mismo modo, las familias de escasos recursos tendrán la posibilidad de recibir prestaciones de emergencia, que serán otorgadas a través del Programa Nacional de Asistencia Suplementaria. Ello no les impedirá seguir disfrutando de beneficios que fueron aprobados de manera previa.
En el caso de los trabajadores que perdieron sus puestos a raíz de la pandemia, la acción ejecutiva crearía una garantía que le posibilitaría para cobrar el seguro por desempleo, aun cuando se nieguen a aceptar un cargo por considerar que esa actividad podría poner en riesgo su salud.
El segundo de los decretos devuelve a los sindicatos los derechos de negociación que le fueron arrebatados por la administración Trump. Adicionalmente, eleva hasta los 15 dólares por ahora el pago mínimo para los empleados del Gobierno federal.
Para muchos este es el primer paso de Biden, con tal de conseguir un aumento de sueldos en Estados Unidos. El primer mandatario quiere iniciar un proceso de 100 días para que las empresas y contratistas paguen a sus trabajadores un mínimo de 15 dólares por hora. El jefe de Estado también busca que los privados otorguen, a su personal en nómina, licencias pagas en caso de emergencia.
Las medidas no afectan la iniciativa de Joe Biden de conseguir la liberación de 1,9 billones de dólares para asistir a las instituciones, empresas y familias golpeadas por la crisis económica que ha ocasionado el SARS-CoV-2. Esa propuesta ha de ser debatida y aprobada por el Congreso.