Declarada por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 18 de diciembre de 2020 su competencia para conocer la demanda incoada unilateralmente por la Republica Cooperativa de Guyana en relación con el Laudo Arbitral de 1899, la cual interpreta de manera desacertada el Acuerdo de Ginebra suscrito el 18 de febrero de 1966, en razón que se separa del compromiso asumido por Venezuela y el Reino Unido con la Guayana Británica de resolver la controversia territorial de una manera práctica y mutuamente satisfactoria, manifestamos:
La posición de la Asamblea Nacional, y particularmente de esta Comisión Mixta, sostenida, como poder legítimo del Estado venezolano, en base a razones históricas y jurídicas, por un lado, dejando constancia de la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por falta de jurisdicción; y, por otro lado, las responsabilidades de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro por el abandono de la defensa de los derechos de Venezuela que sirvió de base a Guyana para llevar la controversia limítrofe ante la mencionada Corte.
La obligación, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, de los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Cooperativa de Guyana, de velar porque la vetusta controversia pendiente sobre la frontera terrestre sea resuelta pacíficamente en forma aceptable para ambas partes y, por tanto, debe retomarse la búsqueda de soluciones satisfactorias para su arreglo práctico.
El reconocimiento de una aguda crisis multidimensional que enfrenta Venezuela que dificulta la defensa de su soberanía e integridad territorial debido al régimen ilegítimo, usurpador y entreguista de Nicolás Maduro, que ha secuestrado las instituciones venezolanas bajo el único interés de mantenerse en el poder a cualquier costo.
La consideración sobre la realidad jurídica de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que impone la necesidad de proteger los intereses legales y la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de lo cual se debe asumir la participación activa del Estado venezolano en el proceso para revertir la posibilidad de que se decida en contra de nuestros derechos, denunciando la inadmisibilidad de la demanda y oponiendo los recursos que correspondan para hacer valer nuestro derecho e impedir que producto de las reglas de la Corte, en su articulo 53, se proceda a decidir a favor de la República Cooperativa de Guyana sin mayores consideraciones sobre los hechos y el derecho.
Por último, hacer un nuevo llamado al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana que conoce perfectamente nuestra crisis al discutirla en el marco del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), a cesar todo acto que le haga lucir como un actor oportunista; e instamos a la Fuerza Armada Nacional a mantener el resguardo de nuestra integridad territorial alejado de toda ideologización o parcialidad política que opaquen los sagrados deberes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela les ha encomendado.
Dado en Caracas, a los veinticinco días del mes de febrero de 2021, Año 209 de la Independencia y 161 de la Federación.