La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas en Venezuela determinó en su nuevo informe un aumento de crímenes de lesa humanidad en el país; por lo que, empezarán nuevas investigaciones con aquellos que podrían ser también responsables de estos hechos.
“La represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020”, informe.
El informe destaca que el régimen de Nicolás Maduro no ha colaborado para esclarecer los hechos y ha brindado respaldo a grupos colectivos y paramilitares.
FAES COMO ARMA LETAL HACIA LOS VENEZOLANOS
María Valinas, jefa de la misión, estableció en una presentación de este miércoles que entre el 7 y 9 de enero, funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales ejecutaron lo que podría ser uno de las operaciones policiales más letales hasta la fecha.
Mencionó el fuerte enfrentamiento ocurrido ese día el barrio de La Vega de Caracas. La misión, según fuentes policiales, pudo conocer que se desplegaron 650 agentes.
La jefa de la misión recordó asimismo que en el primer informe, presentado en septiembre de 2020, identificaron a presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado.
“Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del gobierno”, advirtió.
INVESTIGACIÓN A FISCALES
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que abrirá una investigación contra los fiscales y jueces que, con su acción u omisión, han contribuido con la impunidad en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
«Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de las y los fiscales y del poder judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el poder judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad“.