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Régimen de Maduro continúa realizando ejecuciones extrajudiciales

En su más reciente actualización presentada este miércoles, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, alertó de que existen evidencias sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos cometidos por agentes del régimen de Nicolás Maduro.

Marta Valiñas, Presidenta de la Misión denunció las nuevas torturas, indicó que desde 2014 hasta la actualidad, la dictadura viene cometiendo y permitiendo crímenes de lesa humanidad.

El informe precisa, que desde la última actualización presentada en septiembre de 2020, se han registrado nuevos crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura y tratos, violencia sexual y de género y penas crueles, ejecutadas por funcionarios de la dictadura.

La misión adelanto que seguirá investigando para determinar responsabilidades en cada uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

Afirman además,  se ha logrado identificar  “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.

Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega, “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.

El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indica un párrafo de la declaración.

Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (…) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.

Valiñas dijo que su equipo también investigará “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.

Valiñas alertó sobre nueve detenciones que “afectaron a periodistas”, incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de “conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra”.

Los periodistas en Venezuela, denunció, “han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados”. “Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”.

“Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central”, indicó Valiñas. “Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.

La jurista portuguesa también recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias “injustas y carentes de libertad” mientras “el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar”.

Valiñas también mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el régimen de Maduro endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas ONG.

De igual forma denunció que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 más de veinte personas han sido detenidas en Venezuela por “compartir información o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia”.

Valiñas recordó  además que el régimen de Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión (formada por ella, el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils), pero aseguró que “negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos en riesgo”.

Con información de Infobae.com