El venezolano Leopoldo Martínez, miembro de la Dirección Nacional del partido demócrata, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro deberá conceder condiciones electorales y respeto a los Derechos Humanos si pretende negociar un relajamiento de sanciones con la Administración Biden.
«Estados Unidos tiene un compromiso irrestricto con la restauración de la democracia y el respeto a los DDHH en Venezuela», aseveró el demócrata entorno a la misión del jefe da diplomacia, Antony Blinken, sobre los asuntos de la región que fue fijada apenas se confirmó su cargo como Secretario de Estado de EEUU.
Martínez detalla que la estrategia estadounidense es aliarse con la comunidad internacional para generar una presión sobre el régimen de Nicolás Maduro que conduzca a un objetivo concreto: elecciones libres y democráticas que faciliten la negociación entre las parte del conflicto venezolano.
«EE.UU. va a responder a acciones concretas y no a llamados o exhortos de Maduro» advierte que la Administración Biden optará por el recurso de implementar más sanciones y presión sobre la dictadura si, en el futuro cercano, no se construye una ruta electoral con la oposición y demuestren una posición de respeto a los DDHH en el país caribeño.
Por otra parte, denuncia como la crisis humanitaria propiciada por la tiranía pasó de ser un problema para Venezuela a uno que «afecta a todo el planeta». Asimismo, repudia el mal manejo de Maduro frente a la pandemia del COVID-19 convirtiéndolo es un riesgo sanitario para toda la región, aunado a la tragedia de salud pública, alimentación y «problemas de todo orden» que existen en el país caribeño.
Leopoldo Martínez celebra el Estatus de Protección Temporal (TPS) que el presidente Joe Biden otorgó a los más de 320.000 venezolanos que residen en EE.UU., un mecanismo que, a su juicio, les ayudará a reestablecer sus vidas, y ayudar a familiares y amigos dentro de Venezuela.
«No fueron cuatro años como antes (en referencia a la administración del ex presidente Donald Trump), esperando que tomaran nota» y contrasta la respuesta de la nueva Administración entorno al caso de refugiados venezolanos en territorio estadounidense.