El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, Miguel Ángel Martín, subrayó este miércoles que en Venezuela «no hay ninguna posibilidad que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la justicia venezolana».
Requisitos de complementariedad exigido por el Estatuto de Roma para admitir y procesar a sus acusados
En un evento presidido por el Instituto interamericano por la Democracia (IID) con sede en Miami que fue moderado por la Doctora Beatrice Rangel y contó con el periodista y ex alcalde de esa ciudad, Tomás P. Regalado, se trató el alcance y la importancia de la Justicia Penal Internacional, considerando los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Entre las intervenciones, el embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, destacó la inmensa relevancia que el país norteamericano le otorga al Estatus de Roma y los crímenes contra la humanidad.
También hizo referencia a la remisión conjuntamente incoada con Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia contra Nicolás Maduro y su cadena de mando ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Dentro de ese orden de ideas, el Dr. Fernando Fernández sostuvo que podría abrirse una investigación formal en contra de los responsables de estos crímenes en Venezuela, si se toman en cuenta los adelantos que reposan ante la CPI y la posibilidad de que este año se decretase la admisibilidad de las denuncias que cursan ante dicha instancia.
«Es hora de que haya justicia en La Haya»
Por su parte, Walter Márquez y el ex canciller de Perú, Luis González, consideraron una negligencia grave en la administración de justicia penal internacional por estos sucesos violentos en Venezuela y varios países de Latinoamérica.
De este modo, el director del IID, Carlos Sánchez Berzain, expresó que es tiempo de «reformar el Estatuto de Roma, para que sean las propias víctimas quienes puedan recurrir a esta instancia penal internacional, formular sus denuncias por los horribles atropellos cometidos».