La Administración Biden expresó este martes su apoyo a un proyecto de ley que brindaría asesoría jurídica a cualquiera que cruce legalmente la frontera, «ciudadanos de Estados Unidos, residentes permanentes y otros individuos con documentación autorizando su admisión o paso por nuestro país», para así garantizar que «entienden sus derechos».
A través de un comunicado, la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, expresó el «apoyo» del Gobierno del presidente Joe Biden al proyecto conocido como Ley de Acceso a Asesoría, que actualmente está siendo debatido en la Cámara Baja.
La iniciativa, que debería ser aprobada por ambas cámaras del Congreso antes de que el presidente pudiera sancionarla, «garantizará que individuos con documentos de viaje válido puedan, al presentarse en la frontera o en un aeropuerto, comunicarse con un abogado», detalla el comunicado.
«La Administración reconoce la importancia de los viajes y el comercio legítimo a través de los puertos de entrada, y está impaciente por trabajar con el Congreso para asegurar que este proyecto de ley pueda ser operativo», agrega.
La Casa Blanca sostiene que la medida se produce en respuesta al conocido como «veto musulmán» que impuso el Gobierno del expresidente Donald Trump a quienes procedían de Yemen, Libia, Myanmar, Eritrea, Irán, Kirguistán, Nigeria, Sudán, Somalia, Siria y Tanzania, e incluye restricciones para Venezuela y Corea del Norte.
«Esta legislación fue propuesta después de que la anterior Administración impuso el discriminatorio veto musulmán, que resultó en cientos de personas siendo detenidas en los aeropuertos sin tener la ocasión de llamar o consultar con un abogado, o incluso con algún familiar», justifica la Casa Blanca.
El presidente Biden no solo revocó esta iniciativa el pasado mes de enero, sino que fue una de las cosas que hizo en sus primeras 72 horas de presidencia.
Por último, la Administración urgió al Congreso a aprobar su propuesta migratoria, enviada al Senado y a la Cámara de Representantes también el pasado mes de enero, el cual, según el comunicado, «brindaría un camino a la ciudadanía de millones de migrantes indocumentados», entre otras medidas.