«Llevan agua potable a los residentes de los pajonales áridos, imparten talleres de agricultura y ofrecen revisiones médicas. Median en las disputas por la tierra, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones», así inicia la historia que narra The New York Times sobre la situación en Guarero, su trabajo sobre Guarero, estado Zulia.Venezuela.
No son policías, ni funcionarios, ni miembros del gobierno de Venezuela, que prácticamente ha desaparecido de esta zona empobrecida del país. Todo lo contrario: pertenecen a uno de los grupos rebeldes más conocidos de la vecina Colombia, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea por llevar a cabo atentados y secuestros durante décadas de violencia.
El colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-Estados.
Y lejos de huir por miedo o exigir que las autoridades los rescaten, muchos residentes aquí en las zonas fronterizas de Venezuela —hambrientos, perseguidos por las bandas locales de narcotraficantes y que denuncian desde hace tiempo el abandono de su gobierno— han dado la bienvenida al grupo terrorista por el tipo de protección y servicios básicos que el Estado no les proporciona.
Los insurgentes “son los que aquí trajeron la estabilidad”, dijo Ober Hernández, un líder indígena de la península de la Guajira junto a Colombia. “Trajeron la paz”.
Los guerrilleros marxistas del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el mayor grupo rebelde que queda en América Latina, comenzaron a cruzar a la parte venezolana de la península el año pasado desde Colombia, donde han estado en guerra con el gobierno durante más de 50 años.
Con su país destrozado, el líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha negado durante mucho tiempo la presencia de insurgentes colombianos en su territorio. Pero, según algunos cálculos, los guerrilleros del otro lado de la frontera operan ahora en más de la mitad del territorio venezolano, según el ejército colombiano, activistas de derechos, analistas de seguridad y decenas de entrevistas en los estados venezolanos afectados.
El alcance de los insurgentes en Venezuela se hizo aún más evidente el mes pasado, cuando el gobierno lanzó la mayor operación militar en décadas para desplazar a una facción disidente de otro grupo rebelde colombiano —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— del remoto estado de Apure, donde los guerrilleros tendían emboscadas y colocaban minas improvisadas.
En la capital, Caracas, Maduro aún mantiene un firme control sobre los principales pilares del poder, y sus militares siguen siendo capaces de responder con fuerza a las amenazas a su gobierno. Pero en amplias zonas del país, el Estado venezolano y su autoridad se reducen drásticamente, lo que permite que grupos armados y organizaciones criminales de todo tipo tomen el control, a menudo con consecuencias devastadoras.
En marzo viajamos a la península de la Guajira venezolana, invitados por líderes indígenas, para documentar el retroceso del estado y la anarquía que llena el vacío.
El precipitado colapso económico de Venezuela —resultado de años de mala gestión gubernamental, seguido de devastadoras sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro— desencadenó una guerra en la península entre grupos criminales por el control de las rutas de contrabando hacia Colombia, dijeron los residentes. Durante dos años, buena parte de la violencia recayó en el pueblo indígena wayuu, que desde hace mucho tiempo se divide entre los dos países.
Atrapados en el fuego cruzado, las familias wayuu contaron que huían de sus casas por la noche y llamaban a los niños rezagados mientras corrían, dejando atrás todas sus posesiones, su ganado y las tumbas recientes de sus familiares.
Cientos de ellos escaparon a través de los matorrales hacia Colombia. Los que se quedaron dijeron que vivían aterrorizados, resignados a que el gobierno de Venezuela no les ofreciera ninguna protección.
Entonces, dijeron, el año pasado empezaron a aparecer ofreciendo ayuda a los wayuu rebeldes del ELN con armas y acento colombiano. Organizado y bien armado, el ELN desplazó rápidamente a las bandas locales que aterrorizaban a los pueblos. Los guerrilleros impusieron duras penas por robo y cuatrerismo, mediaron en las disputas por la tierra, transportaron agua potable en camiones, ofrecieron suministros médicos básicos e investigaron los asesinatos de una manera que el Estado nunca hizo, dijeron los residentes.
Sin embargo, no fue una iniciativa caritativa. A cambio de aportar estabilidad, el ELN se hizo cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico de la zona, al igual que ha hecho en otras partes de Colombia. También comenzó a cobrar impuestos a los comerciantes y ganaderos.
Como en otros lugares de América Latina, Venezuela albergaba grupos armados ilegales mucho antes de la actual crisis económica. Las guerrillas colombianas han utilizado el campo venezolano como refugio durante décadas, y las barriadas descuidadas de Caracas han sido durante mucho tiempo hogar del crimen organizado.
Pero pocas veces las organizaciones criminales han ejercido tanto control territorial y económico —y el gobierno tan poco— como ahora, una potente ilustración de la descomposición de la nación durante el gobierno de Maduro.
“Venezuela está caminando a ciegas hacia la fragmentación por los grupos armados”, dijo Andrei Serbin Pont, analista de seguridad de América Latina. “Recuperar el control territorial será un desafío inmenso para quien ocupe el poder en Venezuela en las décadas siguientes”.
En su día, Venezuela, repleta de riquezas petroleras, construyó durante décadas un Estado fuerte que se extendía a las aldeas más alejadas a través de escuelas, estaciones de policía y carreteras.
Pero los ingresos por exportación de petróleo de Venezuela cayeron casi un 90 por ciento desde el inicio de la crisis económica en 2014, según Pilar Navarro, economista radicada en Caracas. Los salarios públicos se han desplomado. Los funcionarios del Estado han recurrido cada vez más al soborno y la extorsión. Los agentes de seguridad empezaron a vender armas e información a los grupos criminales y a cobrarles por su protección, según entrevistas con agentes de policía, y el gobierno empezó a replegarse en grandes franjas del país.
En el sur de Venezuela, los brutales grupos armados conocidos como sindicatos que dominan la minería ilegal gestionan el suministro de electricidad y combustible, a la vez que proporcionan equipos médicos a las clínicas de las ciudades que controlan.
A lo largo de los 2219 kilómetros de frontera de Venezuela con Colombia, el ELN y otros insurgentes ejercen su influencia. Hace apenas una década, la ciudad de Paraguaipoa, en la península de la Guajira, tenía varios bancos, una oficina de correos y un juzgado. Desde entonces, todos han cerrado. El hospital no tiene medicamentos básicos. La electricidad se corta durante días. Las tuberías de agua están secas desde hace años.
En la carretera interestatal que atraviesa Paraguaipoa hasta la frontera, ocho organismos de seguridad del gobierno tienen puestos de control: la policía estatal, la policía nacional, la agencia de inteligencia, la guardia nacional y el ejército. Pero usan los puestos para extorsionar a los comerciantes y a los emigrantes que intentan escapar de Venezuela, lo que no hace más que aumentar la desconfianza en el gobierno.
A pocos pasos de la carretera, la presencia del Estado se evapora. El ELN y otros grupos armados controlan los innumerables caminos de tierra que serpentean hacia la porosa frontera, y el contrabando que circula por ellos.
“Tenemos que lidiar con quien esté, esta es nuestra realidad”, dice Fermín Ipuana, funcionario de transporte en la Guajira. “Aquí no hay confianza en el gobierno, solo extorsiona. La gente busca ayuda en otro lado”.
El tráfico de gasolina a Colombia, que había sostenido la exigua economía de la Guajira cuando el combustible en Venezuela era abundante y estaba subvencionado, disminuyó a medida que las refinerías venezolanas se paralizaron. Las comunidades wayuu, que durante décadas se ganaron la vida traficando con productos a través de la frontera, empezaron a pasar hambre.
El combustible llega ahora desde la dirección opuesta —desde Colombia— para paliar la escasez crónica de combustible en Venezuela, a pesar de que este país cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
“No hay nada aquí, solo una muerte lenta”, dice Isabel Jusayu, una tejedora wayuu de la ciudad de Guarero.
Los turistas que le compraban sus bolsos y hamacas tejidas han desaparecido con la pandemia. Ahora su familia sobrevive yendo en bicicleta a Colombia para vender chatarra cada semana. Pero Jusayu ha estado confinada en casa debido a una bala perdida que la hirió durante la reciente guerra de bandas.
Cuando la violencia estalló en Guarero en 2018, la policía y los soldados se mantuvieron en gran medida al margen mientras los delincuentes luchaban brutalmente por las rutas de contrabando, según los residentes y los activistas locales de derechos.
Los hombres armados aterrorizaron los barrios a pocos pasos de los cuarteles militares, acribillando las casas con balas, dijeron. Los disparos se convirtieron en algo tan habitual en Guarero que los loros que las familias tienen como mascotas empezaron a imitar los disparos de las ametralladoras. Los residentes dijeron que sus hijos están traumatizados.
A medida que la violencia se intensificaba, clanes enteros de los wayuu se convirtieron en objetivos. Magaly Báez dijo que diez de sus parientes fueron asesinados y que todo su pueblo, situado en una importante ruta de tráfico de gasolina, fue demolido. La mayoría de los habitantes huyeron a Colombia.
“Hemos sufrido hambre, humillación, escuchando todo el día que los niños lloran: ‘Mami, ¿cuándo vamos a comer?’”, dijo Báez.
Los residentes relataron masacres, toques de queda forzados y fosas comunes que llevaron a su remoto rincón de Venezuela el tipo de terror que Colombia experimentó durante su guerra civil de décadas.
“Como seguías vivo, te quedabas callado”, dijo Báez.
Algunas personas se atrevían a denunciar los homicidios, pero no derivaban en acusaciones formales, dijeron los residentes. Los crímenes quedaron impunes, hasta que el año pasado el ELN intervino para ayudar, dijo Hernández, líder wayuu en Guarero. Su relato fue corroborado por entrevistas con docenas de otros residentes indígenas.
El año pasado, cuando el ELN tomó el control, los combates disminuyeron y los refugiados comenzaron a regresar. La vida en la calle se reanudó en pueblos que antes estaban desiertos, y los jóvenes volvieron a transportar bidones de combustible desde Colombia en bicicletas y motocicletas para revenderlos en Venezuela.
En Guarero, cuando el calor refresca al atardecer, los niños vuelven a reunirse en el campo de fútbol donde Junior Uriana, un joven de 17 años, fue asesinado a tiros en 2018.
Su tía, Zenaida Montiel, lo enterró en el patio de su casa en una tumba sencilla junto a su hijo, José Miguel, asesinado una semana antes. Montiel dijo que aún no sabe por qué murieron. Estaba demasiado asustada para ir a la policía o pedir ayuda, dijo. Ahora, las cosas han cambiado, dijo. “Ahora hay una nueva ley”, dijo. “Me siento más segura”.
Con información de The New York Times