La ilegítima Asamblea Nacional impuesta por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 6 de diciembre de 2020, designó este jueves a la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, como embajadora y representante permanente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Opaq) ambos con sede en Países Bajos.
La diputada del partido Patria Para Todos (PPT), intervenido por el régimen, Ilenia Medina, aseguró en la plenaria que Gutiérrez tiene “alta capacidad” para desempeñar el nuevo cargo por ser “guerrera y defensora de la justicia”. “Todos en Venezuela conocen la calidad profesional de Gutiérrez”, defendió Medina ante el parlamento controlado por el chavismo.
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela señala que durante su cargo como presidenta del TSJ, Gutiérrez, allanó la inmunidad del ex alcalde opositor del municipio San Diego, Enzo Scarano, destituyéndolo y encarcelándolo por diez meses y 15 días de prisión por por no contrarrestar las protestas ciudadanas en la localidad durante las protestas contra la dictadura en el año 2014.
Como magistrada de la Sala Constitucional fue fue sancionada en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por aprobarle al gobierno de Maduro decretos de emergencia que «restringieron derechos y frustraron la voluntad del pueblo venezolano».
A finales de 2020, la ex fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, determinó que existen «bases razonables» para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, de acuerdo con investigaciones realizadas durante el 2018, cuando Gutiérrez se desempeñaba como magistrada del TSJ venezolano.
«En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad», declaró Bensouda en nombre de la CPI.
La ex magistrada asumirá el cargo en reemplazo de Haifa El Aissami Madah, hermana del cabecilla del régimen, Tareck El Aissami, quien fungió como representante de Venezuela ante la CPI desde el 2018 hasta la actualidad.