Fiscales federales de Estados Unidos investigan si varios funcionarios ucranianos se entrometieron en las elecciones presidenciales de 2020, informó el The New York Times citando a fuentes cercanas a la investigación.
Los fiscales federales de Brooklyn, en Nueva York, están investigando si ciertos funcionarios ucranianos formaban parte de un plan de difusión de información engañosa sobre el entonces candidato presidencial y ahora presidente, Joe Biden, para impulsar al expresidente Donald Trump a vencer en los comicios.
La investigación criminal comenzó en los meses finales de la administración de Trump y en ella se sospecha que los funcionarios ucranianos compartieron denuncias infundadas de corrupción sobre Biden, a través de distintos canales, incluido el abogado del expresidente, Rudy Giuliani.
Esta cuestión es independiente a la investigación federal de Manhattan sobre Giuliani y sus vínculos con Ucrania, si bien ambas contemplan a las mismas personas, pero en el caso de la de Brooklyn Giuliani no es objeto de investigación, recoge el medio antes citado.
Los fiscales de Brooklyn centran el caso en funcionarios ucranianos actuales y anteriores sospechosos de intentar afectar a las elecciones.
Entre las cuestiones sobre las que se indaga, esta un viaje de Giuliani a Europa en 2019, en el que se reunió con funcionarios ucranianos para abordar una investigación en curso, entre ellos el miembro del parlamento Andriy Derkach, sobre quien la inteligencia estadounidense había avisado a Trump que buscaba usar a su entonces abogado para difundir información falsa.
Derkach, a quien el Departamento del Tesoro de Trump sancionó acusándolo de ser “un agente ruso activo”, es el foco de la investigación de Brooklyn, han manifestado las fuentes.
El abogado de Giuliani, Robert Costello, ha defendido este viaje y ha señalado que “cuando investigas acusaciones de corrupción, hablas con todo tipo de personas, algunos son creíbles y otros no”.
Si los fiscales de Brooklyn deciden acusar a los funcionarios ucranianos, arrestarlos y extraditarlos a Estados Unidos resultaría difícil, señala The New York Times, que, no obstante, indica que podría limitar la capacidad de los funcionarios de viajar por temor a ser detenidos en un país que tenga un tratado de extradición con Estados Unidos.