El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el viernes al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, que libere a los cuatro precandidatos opositores detenidos recientemente bajo cargos de alentar la «injerencia extranjera», cuando faltan cinco meses para las presidenciales.
«Me gustaría referirme directamente al presidente Daniel Ortega: Juegue limpio, libere a los opositores», dijo Sánchez durante una conferencia de prensa tras reunirse en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado.
«Vemos con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, que de todas maneras no es nuevo, venimos arrastrándolo desde hace ya unos cuantos años», prosiguió el jerarca español.
«La posición de España es la de la Unión Europea: firme defensa de los derechos humanos, las libertades y valores democráticos (…) Que concurra en juego limpio y buena lid a ese proceso electoral», agregó Sánchez.
El jueves, luego de la III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno SICA-España, Alvarado y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, consideraron la situación política de Nicaragua como «preocupante».
Las detenciones ocurren a cinco meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 7 de noviembre, en donde la oposición espera que Ortega, en el poder desde 2007, intente un cuarto mandato consecutivo.
La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto bajo acusaciones de lavado de dinero de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la aspirante con más posibilidades de derrotar una posible nueva candidatura del actual presidente.
También están detenidos los precandidatos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, investigados entre otros delitos por «incitar la intervención extranjera», aplicándoles leyes aprobadas por el Congreso oficialista.
Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
Para el gobierno, las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado apoyado por Washington.