El secretario general de la Organización de Estados Americanos, había designado en 2017 a un panel de expertos internacionales e independientes para determiner si en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Las conclusiones de este panel de expertos determinó que “sí existen fundamentos para creer que hay crímenes de lesa humanidad” en Venezuela y que no hay separación de los órganos de justicia en el país.
Este Panel de expertos escuchó a Alcaldes, funcionarios de gobierno, familias de personas asesinadas en protestas, muchos en el exilio, que se remontan a los hechos de las protestas de 2014 12 de febrero de 2014. Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), expusieron el informe y solicitaron que sea llevado a la oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sustentados en los Estatutos de Roma.
“En conclusión, habiendo recibido y evaluado un volumen considerable de información de diferentes fuentes, el Panel estima que existe fundamento suficiente que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma”.
El informe, tiene 400 páginas, se divide en dos partes. Una redactada por la Secretaría General de la OEA, con material de testigos que acudieron a las audiencias públicas de septiembre, octubre y noviembre de 2017, y material recolectado de la sociedad civil venezolana y organizaciones intergubernamentales. La segunda parte del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, donde hicieron una evaluación jurídica de la información recopilada, un exámen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes. Cabe destacar que se determinó que existe un patron por parte del regimen de Maduro, además señala que esos crimines tienen responsabilidades individuales.
“No es dable invocar y aplicar el principio de complementariedad contemplado en el Estatuto de Roma. Además, y tal como se expone con mayor lujo de detalles en este Informe, los crímenes de lesa humanidad generalizados y sistemáticos documentados en el mismo satisfacen plenamente los requisitos relativos a la gravedad contemplados en el Estatuto de Roma. No hay motivos que justifiquen, en «interés de la justicia», la necesidad de retrasar una investigación de esos crímenes, que son ya objeto de una investigación preliminar iniciada en febrero de 2018 por la Oficina de la Fiscal de la CPI”.
El informe es público y los expertos destacaron que ni ellos, ni la Secretaría General de la OEA pudieron hacer una exploración en terreno, es decir, en Venezuela “para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas”.