Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA.

Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.

El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos, un grupo de mexicanos.

Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info, a partir de un dossier con miles de documentos obtenidos sobre esa red, revela cómo se urdió la trama que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco pero multimillonario.

Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado durante décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón, derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis eléctrica.

No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores.

Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro.

EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió, primero, petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasó a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos.

Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de Chávez para lograr una salida a la crisis del país.

Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump.

Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo.

La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz.

Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que empresas vinculadas a Alex Saab despacharon millones de alimentos de baja calidad y sobreprecios en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.