El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denuncia que la reacción del Gobierno hacia los manifestantes de las protestas del 11 de julio «ha seguido el modelo yugoslavo» con una «convocatoria desde el Estado a una potencial masacre», asegura la nueva alianza opositora en un comunicado publicado este jueves.
El régimen ha ejercido una «dura represión contra ciudadanos desarmados, rearme ilegal de turbas paramilitares y razias nocturnas para detener a manifestantes, en su mayoría jóvenes», detalla el texto que cataloga las primeras declaraciones de Miguel Díaz-Canel tras las manifestaciones como equiparables «por su entidad y gravedad» a las de Radovan Karadzic, «el carnicero de Bosnia».
El CTDC lamenta que las palabras del gobernante, advirtiendo que «la orden de combate está dada» y que estaban «dispuestos a todo» no hayan sido criticadas por las más altas instancias de las Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos. Un silencio que revela «las debilidades de una organización global que no acaba de entender que la única garantía de paz entre los Estados radica en la paz al interior de los Estados».
El CTDC considera que el 11 de julio fue «una protesta de la libertad, no una protesta del hambre, en cuyo último caso no habrían quedado intactos muchos establecimientos a lo largo del país».
En el texto destacan que «nunca ha tenido más pertinencia» en Cuba la necesidad de «elecciones libres, pluralistas, democráticas y justas» así como «elegir a hombres y mujeres capaces, con visión de Estado».
El régimen ha ejercido una «dura represión contra ciudadanos desarmados, rearme ilegal de turbas paramilitares y razias nocturnas para detener a manifestantes, en su mayoría jóvenes»
Hacen notar también que entre los más de 5.000 detenidos durante las protestas están José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y presidente del CTDC, así como su hijo José Daniel Ferrer Cantillo y los opositores Guillermo Fariñas y Félix Navarro Rodríguez. De igual manera mencionan las encarcelaciones de los reporteros Camila Acosta y Henry Constantín.
«Estas detenciones pretenden ampararse en supuestos delitos de desorden público, lo que cumple el propósito político de torcer la sorpresiva naturaleza pacífica, civilista y política de las manifestaciones en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba», declaran.
El Consejo pidió la «inmediata liberación» de todos los encarcelados y anunció la creación de una red de apoyo para sus familiares «con el fin de buscarles asesoría jurídica y visibilidad nacional e internacional».
«Las familias y los ciudadanos que quieran dar a conocer casos y buscar protección legal pueden comunicarse con el Consejo a través de: [email protected] o los WhatsApp +5354485695/ +34639338982», detallaron a la par que solicitan la solidaridad internacional con los manifestantes del 11 de julio.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió este jueves la liberación inmediata de Constantín, la diseñadora Neife Rigau y la fotógrafa Iris Mariño de La Hora de Cuba, que se encuentran detenidos desde el domingo en la unidad policial conocida como Segunda Estación, en Camagüey.
Sobre Rigau y Mariño, la SIP supo por fuentes cercanas a la policía que podrían ser «liberadas en las próximas horas bajo régimen de arresto domiciliario por tiempo indefinido». Sin embargo, de Constantín, que es el vicepresidente de la SIP en la Isla y el director de La Hora de Cuba, trascendió que «le serán formulados cargos y se le abrirá juicio». El mismo domingo la policía allanó la vivienda del periodista y decomisó celulares, una computadora y dinero.
Fuente www.14ymedio.com