La Ley de Derecho al Voto promulgada en 1965 es considerada como la legislación de derechos civiles más exitosa aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que permitió a cientos de miles afroamericanos marginados inscribirse para votar.
Sin embargo, al acercarse a sus 56 años este mes, los activistas de los derechos al voto dicen que la histórica ley se enfrenta a su peor momento existencial.
El peligro, señalan, está en una ola de restricciones de votación adoptadas por varios estados y la Corte Suprema controlada por los conservadores, que ha deteriorado protecciones legales a la legislación firmada por el presidente demócrata Lyndon Johnson.
«Vemos muchas de las mismas fuerzas, muchas de las mismas prácticas en elecciones que inspiraron la Ley de Derecho al Voto original de 1965”, dijo el exrepresentante demócrata por Texas y excandidato presidencial Beto O’Rourke.
Los líderes y activistas republicanos descartan esas denuncias, insistiendo en que los cambios que se buscan darán más integridad y transparencia al proceso democrático e impedirán la posibilidad de fraudes.
Este año, legisladores republicanos en 49 estados han presentado casi 400 proyectos de ley bajo la idea de reforma electoral que según el Centro Brennan para la Justicia, de tendencia izquierdista, afirma que dificultan a muchos estadounidenses salir a votar.
De esas propuestas, 30 se han convertido en leyes, más que las promulgadas en 2011, cuando los republicanos desplegaron un esfuerzo legislativo similar.
Este impulso frenético, que los críticos afirman que reducirá oportunidades de votación a millones de personas, especialmente afroamericanos y otras minorías, fue desatado por las denuncias infundadas del expresidente Donald Trump de un fraude masivo en la elección de 2020.
Con los demócratas sonando la alarma de restricciones electorales, el presidente Joe Biden denunció en julio en un viaje a Filadelfia, una ciudad considerada como la cuna de la democracia estadounidense, un asalto a los derechos al voto tan duramente conseguidos.
Los funcionarios republicanos detrás de las nuevas regulaciones niegan que sean para socavar los derechos de votación y que los requisitos como tarjeta de identificación, restricciones a la votación ausente y otros tienen como objetivo prevenir el fraude y restaurar la confianza pública en las elecciones.
Constitución no garantizaba derecho al voto
La Constitución de EE. UU., ratificada en 1788, no garantizaba originalmente el derecho al voto de toda la población. No fue hasta 1870, después de la Guerra Civil, que la Enmienda 15 dio a todos los ciudadanos varones el derecho a votar “independientemente de la raza, el color o la condición anterior de servidumbre”.
Muchos historiadores consideran que esta fue la mayor expansión de derechos civiles de la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, ese logro monumental fue fugaz en la práctica, ya que muchos estados del sur, determinados a mantener a los ciudadanos de la raza negra fuera de las urnas, instituyeron pruebas de alfabetismo y otras barreras para votar, lo que marcó el inicio de una larga lucha por los derechos civiles.
Antes de la Ley de Derecho al Voto de 1965 muchos afroamericanos votaban, incluso de los estados del sur. Pero la ley expandió su acceso a las urnas al remover barreras institucionales.
El aumento de inscripciones para votar de afroamericanos llevó a que un gran número de ellos se postularan para cargos públicos y en 1966 Edward Brooke se convirtió en el primer afroamericano en ser elegido al Senado desde los años posteriores a la Guerra Civil.
La ley también tuvo su resistencia, pero en la década de 1960, la Corte Suprema rechazó muchos desafíos legales, mientras el Congreso repetidamente la reafirmó con protecciones para las minorías que hablaban otros idiomas y personas con discapacidades.
Con información de Voz de América