El fiscal Ramiro González imputó formalmente al presidente Alberto Fernández en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta, además de la fiesta VIP de cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio del año pasado. La Justicia busca determinar si se violó el DNU dictado por el propio Presidente de la Nación, que prohibía las reuniones sociales y solo habilitaba la circulación de personas esenciales.
En la foto del festejo de la primera dama, no solo se observa una reunión privada, sino que además los asistentes no usan barbijos ni mantienen la distancia social.
Minutos antes de que se conozca la imputación, el mandatario se presentó en la Justicia sin su abogado y propuso donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Lo hizo sin su abogado y entregó un escrito.
La defensa del Jefe de Estado sostiene que lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no se configura en un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”.
En este sentido, en diálogo con el portal web argentino TN.com.ar, se negó que el Presidente busque un acuerdo. “No lo necesitamos porque no hubo delito”, le dijo a este medio y agregó: “La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.
La reparación podría servir para extinguir la acción penal, algo que se enmarca en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. El Presidente propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Según pudo saber este medio, el dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán. Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos.
El lunes el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos pedida a la Casa Militar por el fiscal González.
La investigación se centra en la entrada de personas a esa residencia durante la cuarentena estricta en 2020, es decir, cuando regían fuertes restricciones a la circulación. El escándalo se desató luego de que se filtraron las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez.
Entre los investigados, además del Presidente y la primera dama, están Sofía Pachi, asesora de Fabiola Yañez, el taiwanés Chien Chia Hong, Emmanuel López, amigo y colaborador de Yañez; Fernando Consagra, Ariel Alonso Zapata, Lautaro Romero y Florencia Peña. Todos figuran en los listados de ingreso a la residencia presidencial en 2020, durante el período de ASPO más estricto.
González cuenta además con otra prueba. las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños VIP de Fabiola Yáñez tenían permisos de circulación. En julio de 2020 solo podían hacerlo los esenciales.