Vox exige al Gobierno de PSOE-Podemos que promueva ante la Unión Europea (UE) sanciones para un hermano del expresidente Hugo Chávez y otros cuatro altos cargos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por su «responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos y restricciones de libertades fundamentale».
A tal fin, el Grupo Parlamentario de Vox registró una serie de iniciativas en el Congreso de los Diputados donde insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a promover la inclusión de Henry Ranger Silva, gobernador de Trujillo; Héctor Rodríguez Castro, gobernador de Miranda; Argenis Chávez Frías, gobernador de Barinas y hermano de Hugo Chávez; Edwin Rojas Mata, gobernador de Sucre; y Julio César León Heredia, gobernador de Yaracuy, en la lista que maneja el Consejo de la Unión Europea para que «les sean de aplicación las sanciones correspondientes, que incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de activos y bienes que dispongan en la UE».
En la exposición de motivos de tales iniciativas, Vox subraya que el pasado 22 de febrero el Consejo de la Unión Europea incluyó a 19 altos cargos venezolanos en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, por su papel en actos y decisiones que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho en dicho país latinoamericano, o como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos.
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Esta última inclusión, explica la formación de Santiago Abascal, elevó a 55 las personas sujetas a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Sin embargo, recalca, «son muchos los cargos oficiales del régimen de Maduro que siguen sin ser incluidos en la lista y sancionados, a pesar de su implicación y responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales que está sufriendo el pueblo venezolano».
Además, Vox basa su petición en las cifras que arrojó el último informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), fechado en 2020 y que identifica, por ejemplo, hasta 18.093 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela realizadas por fuerzas seguridad del Estado y otros colectivos desde 2014.
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