El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha rechazado la petición del Gobierno de Venezuela de disponer de forma inmediata de los 25 millones bloqueados en España pertenecientes a la corporación gestionada por el presidente legítimo, Juan Guaidó.
La magistrada María Teresa Vázquez ha denegado la petición de medidas cautelares solicitada por los representantes legales del Régimen de Nicolás Maduroal tiempo que les recrimina que utilicen esta vía legal como “medida de presión” para consumar sus pretensiones.
Maduro había solicitado la “suspensión” del nombramiento como administrador único de Enrique Castells, hombre de confianza de Guaidó, al frente de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Esta entidad ha constituido históricamente uno de los motores económicos del país al gestionar, entre otros recursos naturales, el oro, el aluminio y los metales preciosos. Por lo que ha sido considerada la ‘joya de la Corona’ de Venezuela junto a la petrolera estatal PDVSA.
Cabe recordar que la CVG dispone en estos momentos de 25 millones en tres entidades financieras españolas a los que intenta acceder para sacarlos fuera de España. Durante los últimos años se libra una batalla judicial por el control de este dinero entre los ejecutivos de Maduro y de Guaidó. Estos últimos, asistidos por el bufete Cremades Calvo-Sotelo, están por el momento ganando la contienda, que se libra en varios juzgados de Madrid.
No en vano, y tal y como reveló este periódico el pasado mes de junio, antes incluso de que exista un pronunciamiento judicial definitivo, el Registro Mercantil ya ha rechazado la intentona de Maduro de acceder a ese dinero por la vía de prohibir la inscripción de sus administradores.
DESBANCAR A LOS HOMBRES DE GUAIDÓ
El régimen chavista elevó a escritura pública el pasado 25 de febrero un acuerdo para desbancar a los hombres de Guaidó y el registrador se negó a cambiar la composición de la junta de la entidad, encabezada por Castells. Este último ostenta formalmente la condición de administrador único de CVG Internacional Filial Europea, SLU, desde el tres de enero de 2020.
Fue en esa fecha cuando Castells procedió a la destitución de la gestora próxima a Maduro en la compañía, María Rosario Falcón, prima de Pedro Maldonado, hombre de confianza del dictador. Hizo lo propio con Randa Aamer Maaz, cuñada del vicepresidente económico Tareck El Aissami, condenado por la Corte Federal de Manhattan por narcotráfico y al que el Gobierno de EEUU incluye en su lista de los criminales más buscados.
Alega el Gobierno de Maduro a la hora de solicitar las medidas cautelares que acaban de ser rechazadas que los hombres de Guaidó “han infringido las normas para la convocatoria y celebración de la junta general” de la sociedad así como que Castells “no estaba legitimado” para “convocarla y constituirla ya que no podía actuar en representación del socio único”.
“Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público”. Asimismo, el régimen chavista sostiene que “existe el riesgo de que el Sr. Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de CVG, siendo de imposible recuperación” posteriormente.
La juez, sin embargo, concluye que “ninguna de las razones invocadas justifica la procedencia” de desbancar a los ejecutivos de Guaidó. Al tiempo que añade que “no concurren los requisitos necesarios de urgencia y necesidad” que establece la ley.
A renglón seguido, lanza un severo reproche a los representantes del Régimen de Maduro: “Este cauce procesal excepcional no puede ser utilizado como medida de presión y debe justificarse de forma suficiente la razón de la urgencia”.
A pesar de que formalmente los hombres de Guaidó disponen del control de la compañía en España, la disputa con el Gobierno de Venezuela ha provocado de manera automática que las entidades financieras españolas hayan bloqueado la disposición del dinero a la espera de que la Justicia dicte una resolución definitiva y zanje la disputa.
Los problemas con los bancos comenzaron, curiosamente, apenas unos días después de la polémica visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España. Fue en ese momento cuando Cajamar, BBVA y Banco de Sabadell se negaron a dar acceso a los fondos a los hombres de Guaidó, que interpusieron automáticamente una querella.
En esa denuncia se subraya que “Guaidó goza del reconocimiento de España, del Parlamento Europeo y de EEUU, democracias asentadas en los pilares democráticos fundamentales”. A su vez, atribuye a Falcón una “estratagema falaz” para burlar los decretos emitidos por el presidente de la Asamblea Nacional legítima.
El objetivo final de Maduro, sostiene la defensa de los ejecutivos de Guaidó, pasa por “apoderarse de los fondos depositados en España con el fin de sortear y evitar los controles impuestos por EEUU y otros países para evadir dichos capitales, detrayéndolos de la gestión de Guaidó y situándolos en el ámbito de disposición de la administración madurista”.
Castells ya avanzó en una entrevista concedida a este periódico que el objetivo de Maduro es el de trasvasar el dinero de la CVG a Rusia, siguiendo el mismo esquema que ya empleó con activos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.