Que la Unión Europea haya decidido enviar observadores a las elecciones de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre en Venezuela puede interpretarse como un intento bienintencionado de remover un inmovilismo que solo beneficia al régimen. Quizá Josep Borrell está persiguiendo con honestidad ese imposible metafísico que supone celebrar unas elecciones democráticas dentro de una narcodictadura paramilitar.
Y es cierto que la oposición al chavismo -con Guaidó y Leopoldo López a la cabeza, pues Capriles ejerce de oposición tolerada y connivente con Maduro- ha participado en reuniones exploratorias en orden a la celebración de unos comicios verdaderamente limpios. Pero resulta ingenuo creer, dados los antecedentes y la naturaleza moral del tirano y de su cúpula castrense, que las urnas de noviembre vayan a servir para reconquistar algo de libertad a la dictadura y no para blanquearla ante la comunidad internacional.
Nada cabe esperar de mediadores de parte tan envilecidos en su roce con el chavismo como Zapatero. Algo más cabía confiar en el papel de Borrell como jefe de la diplomacia europea, pero su ejecutoria respecto de Venezuela hasta ahora no se ha caracterizado precisamente por el alineamiento corajudo con el liderazgo prodemocrático de Guaidó sino por la componenda tibia, que al final concede al chavismo aquello que le importa: un poco más de tiempo para seguir oprimiendo y robando a los venezolanos. Borrell reclama unas elecciones «creíbles, inclusivas y transparentes», y nada nos gustaría más que certificar la utilidad de la visita de los emisarios de la UE a Caracas como muestra de una distensión real en el régimen despótico que desangra al país caribeño. Pero nuestro escepticismo al respecto se antoja invencible.
Por eso, el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil, padre del líder opositor, ha manifestado su extrañeza ante unas palabras en las que el propio Borrell viene a reconocer que en este momento no se cumplen las mínimas condiciones democráticas sino que se trabaja para conseguirlas, pero deberían haberse verificado antes de enviar la misión de observación. Advierte López Gil que «una buena proporción de la oposición al chavismo no está participando del proceso electoral porque no hay libertad.
Hay 230 presos políticos en Venezuela, incluyendo periodistas. Enviar misiones europeas a unas elecciones que son una burla a las libertades del pueblo supone convalidarlas» a ojos de la comunidad internacional, que es justo lo que busca Maduro para legitimarse. Borrell aún está a tiempo de evitar poner a la UE al servicio de ese juego perverso.
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