El exresponsable de Inteligencia del gobierno chavista, Hugo Armando Carvajal, ha presentado el primero de los documentos que prometió entregar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en aras de colaborar con la justicia para intentar que le considere un testigo necesario por si eso le permite eludir la extradición a Estados Unidos ya acordada. El papel no tiene relación ni con los contratos entre España y Venezuela durante la época de Zapatero que amagó son ensombrecer y tampoco con las relaciones comerciales de un fundador de Podemos con aquel país de los que también habló en sede judicial.
Se trata de un presupuesto firmado por el expresidente de la petrolera estatal venezolana Eulogio del Pino y su comisario principal, Silvestre Molero, el 15 de noviembre de 2016 para que el bufete del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, lleve en España la querella de Pdvsa que aún se instruye en la Audiencia Nacional. El precio, 8,8 millones de euros de los que tres, serían la prima por la presentación de escrito de acusación si el caso llega a juicio. El problema es que Ilocad asegura que el documento es falso y puede demostrarlo, porque Pdvsa no fue su cliente, sino un despacho estadounidense que llevaba ya causas allí por la misma corruptela; los honorarios distan mucho de lo que dice este papel y cuentan con la hoja de encargo real del servicio para acreditarlo.
Teniendo en cuenta que Pdvsa puede contratar al despacho de abogados que quiera, que si pagó esa cantidad desorbitada a un bufete extranjero, las arcas vezolanas y su ciudadanía serían los perjudicados, y que lo que podría derivarse es una investigación fiscal del despacho en caso de no haber declarado esos pagos, cuesta entender que el primer paso de Hugo Carvajal, que confía en que tiene una manta de la que tirar que le garantizaría su estancia en España, haya sido este. Salvo por un detalle. El documento, adelantado esta semana por el digital ‘The Objetive’, lleva entre sus cláusulas la encomienda de que Ilocad trabaje en «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». Son 1,9 millones de euros, reza, «facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas». Y nadie desconoce ya que Baltasar Garzón es pareja de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
La supuesta encomienda está fechada en 2016 y en aquel momento, ella se desempeñaba como fiscal en la Audiencia Nacional y llevaba temas de terrorismo, nada que ver con la querella de Pdvsa, que es competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Pero el contrato seguiría vigente en tanto que ese asunto se sigue investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 3 y ahora, ella es la responsable del Ministerio Público, donde rige jerarquía. Arroja así una sombra de duda sobre la independencia de los fiscales, aunque vienen trabajando en este asunto desde antes incluso de que ella llegase a ministra de Justicia, que va en la línea de las últimas manifestaciones públicas de Carvajal. Él mismo denunció el pasado mayo, cuando se encontraba prófugo para evitar su extradición, que la justicia española había cometido «irregularidades graves» en su contra. Cargaba contra la Audiencia Nacional, donde la decisión de no extraditarle fue revocada por acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal. Meses después, ya detenido, cargaría en un nuevo comunicado contra el Gobierno.
No obstante, no es el único beneficiado de que ese papel que Ilocad refuta se judicialice, porque de ser considerado válido, estaría poniendo en duda la legitimidad de Pdvsa para ejercer acusación contra una veintena de imputados por blanqueo fruto de supuestas actividades corruptas en las adjudicaciones de la petrolera estatal. La clave está en que el documento lo firma Eulogio del Pino, que está en prisión en Venezuela en espera de juicio por malversación y delitos sobre la libertad de comercio y habría sido quien autorizó el encargo al bufete legal.
Además, el propio acuerdo dice que la Oficina del Comisario Principal de Venezuela realizará la «coordinación necesaria para que la acción legal que sea presentada en España cuente con el aval y soporte de la Contraloría General de la República y la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional», pero en estos años la asamblea venía siendo bicéfala desde que los opositores dieron un vuelco electoral en 2015 al que Venezuela pondría freno por desacato y Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país, así que no está claro que tenga soporte. Con todo, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, aunque Pdvsa, que sigue representada por Ilocad, fuese expulsada como acusación, la causa seguiría adelante porque Anticorrupción está acusando. Eso sí, para el imputado, no es lo mismo que el acuse uno a que le acusen dos.
Nota de ABC