Al menos seis personas, comerciantes y ganaderos, habrían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Cesar y Norte de Santander en lo corrido de este año.
Así lo advierte un informe de inteligencia conocido por EL TIEMPO que señala que los secuestros han sido ordenados y coordinados por ‘Carlos Cochino’, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares en recompensa.
En el documento se indica que los secuestros se han registrado en Aguachica, Pelaya, Pailitas y Curumaní (Cesar) y que los plagiados han sido trasladado a la región del Catatumbo (Norte de Santander) y de allí, aprovechando la frontera, a territorio venezolano “para evadir las acciones de la Fuerza Pública, como una operación de ubicación y rescate”, destaca el informe.
De acuerdo con Inteligencia, desde diciembre del 2020, se encuentra secuestrado Gerardo Aranda Albarracín, de quien no se conocen pruebas de supervivencia tras una llamada (hace más de nueve meses) en la que se hizo una exigencia monetaria por su liberación.
“Estos secuestros son con fines económicos, lo que calificamos como secuestros extorsivos. Se han comunicado con las familias pidiendo dinero pero son pocas o nulas las pruebas de vida que han enviado”, señaló a este diario una fuente que está al frente de la investigación.
Otro de los secuestrados, que fue plagiado el 22 de mayo de 2021, es Sebastián Londoño quien fue sacado de su finca en Aguachica, Cesar. Las autoridades establecieron que está en poder del Eln, en Venezuela.
“Los ganaderos de Cesar se encuentran muy afectados en su seguridad porque a la inminente amenaza del secuestro, se suma el tema de las extorsiones que tienen que pagar a la guerrilla o a las disidencias”, puntualizó el investigador.
En el documento se reseña que en la región del Catatumbo delinquen dos redes del Eln: la compañía ‘Héroes de Catatumbo’ y el frente ‘Camilo Torres’, este último dedicado a los secuestros. A estos se suman dos frentes de las disidencias: el 33 y el 41, y la red criminal que se hace llamar ‘los Pelusos’.
En esta sociedad, el ELN y las disidencias se estarían apoyando en el ‘cobro de gramaje’, un impuesto que se cobran entre narcos por el paso de la cocaína y el cuidado de laboratorios para su procesamiento.
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