Este viernes, el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó criticó y desmintió las recientes declaraciones del diputado Julio Borges realizadas el pasado 28 de octubre al protal web, Politicks.co, donde aseveró que falsos litigios por parte del interinato.
En este sentido, la procaduría respondió a las afirmaciones del parlamentario que ha generado polémica en la oposición venezolana.
Sufragio de litigios para defender o recuperar activos del estado venezolano en el exterior: Borges indicó que todos los recursos en este tema se han aprobado. Ante esto, el interinato indicó que no se aprobó «un presupuesto integral para sufrragar los litigios».
«La cantidad de USD $24 millones (4 entre octubre y noviembre de 2019), que habían sido solicitados desde el mes de septiembre de 2019, vale decir lo aprobó muy tardíamente y para pagar solo una porción de la deuda, a esa fecha (enero 2020) muy superior a la cantidad aprobada. Un año después, en enero de 2021, aprobó USD $18.749,681,49 millones frente a una solicitud de recursos hecha en el mes de octubre de 2020 para atender una deuda a esa fecha mucho mayor. Finalmente, en abril de 2021 fueron aprobados USD $ 3.720.687.43 para la atención del juicio sobre las reservas de oro en poder del Banco de Inglaterra», explicó.
¿Dónde se fue gastando el dinero?, se rpeguntó Borges, a lo que la procaduría aseveró que durante 2019 – 2021, las juntas administradoras ad hoc de PDVSA y el Banco Central de Venezuela (BCV), han presentado oportunamente sus respectivas rendiciones de cuentas a la Asamblea Nacional, por los juicios atinentes a esos entes.
Sin embargo, Borges expuso que «se han gastado decenas de millones de dólares en la atención de los juicios para luego agregar: Eso ha sido porque se han metido en una cantidad de juicios cuando la protección depende fundamentalmente de la licencia de los Estados Unidos».
«Esta es una afirmación que refleja una descomunal irresponsabilidad; y es difícil creer que se deba a ignorancia. Según Borges, los juicios no deberían atenderse bajo ninguna forma, única manera de no incurrir en gastos a causa de ellos. Además, en su criterio, como los activos del Estado venezolano están protegidos por la OFAC, estarán también exentos de condena por incomparecencia (default)», explicó el gobierno encargado.
¿Juicios sin jerarquías? Otro tema que hizo hincapié el opositor en el exilio.
«Aparte de simplemente responder que el Estado venezolano no “se ha metido” en los juicios, sino que, como ha sido demandado está obligado a defenderse por exigencias constitucionales, legales y de sentido común, debe afirmarse también que esa explicación estratégica aludida en su declaración existe. Si Borges se tomara el tiempo de leer las comunicaciones de la Procuraduría Especial dirigidas a la Asamblea Nacional y dedicadas al problema de los litigios -que ya deben estar rondando la centena- se habría enterado que en el oficio N° PER-P-244, de fecha 14 de abril de 2021, y con el cual remitimos a dicha Asamblea la solicitud de aprobación de un presupuesto integral que discrimina caso por caso los juicios a atender (en curso y nuevos juicios) hasta el 31 de diciembre de 2021, la Procuraduría Especial propuso una
jerarquización de los juicios, así como una estrategia clara basada en el criterio del control de daños, único utilizable ante juicios generados en su casi totalidad por los abusos y atropellos de los tiránicos desgobiernos de Chávez y Maduro. Lamentablemente, tal como el Procurador Especial lo expuso en mensaje de voz enviado a la Asamblea Nacional el pasado 28 de septiembre de 2021, aún no ha habido respuesta sobre eso. Si en esto hay alguna responsabilidad, mora o negligencia no es de la Procuraduría Especial», aclararon.
Detallaron que han » dado instrucciones a las firmas de abogados que atienden los juicios para defender
nuestros activos, que planteen a la contraparte la conveniencia de llegar a transacciones sobre las reclamaciones que se nos hacen. En algunos casos hemos obtenido una o más de las siguientes condiciones: disminución de la suma demandada, rebaja de los intereses y otorgamiento de plazos para efectuar los pagos».
Por último, Borges afirmó que con «la política y los intereses metidos en los activos es algo en lo que nosotros estamos totalmente en contra … (y) es un punto de inflexión el informe de Monómeros que nos deja claro que lamentablemente es este tema».
«Si la política y los intereses metidos en los activos es algo contra lo cual Borges está totalmente en desacuerdo, cómo es que él y su partido instruyeron a su representante en la Comisión Especial de Control e Investigación de Monómeros para que aprobara, junto con otros partidos, un informe en el que se eluden los graves señalamientos sobre el funcionamiento de la empresa hechos por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como también por el Presidente encargado de la República, en cuanto a hacer una reestructuración a fondo de la empresa, comenzando por la remoción inmediata del Gerente General y su sustitución definitiva por una persona con conocimientos técnicos comprobados en la materia y con una hoja de vida impecable en lo ético, lo cual se extendería luego a los demás directivos de Monómeros. En lugar de ello, el informe de la Comisión a que nos referimos se pronuncia por una política que en sustancia propone, como decían en latín SIC REBUS ESTANTIBUS, o sea que las cosas sigan como están», finalizaron en el comunicado.