La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio inicio a una investigación en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ahora le corresponde a una Sala de Cuestiones Preliminares avalar este paso. Analistas consideran que la firma de un memorando de cooperación, además de la investigación, traerá ciertos cambios dentro de la administración de Nicolás Maduro en materia judicial y de respeto a los derechos humanos.
El pasado 3 de noviembre, en el Palacio de Miraflores y en presencia de Nicolás Maduro y altos funcionarios, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó del cierre del examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, para dar paso a la fase de investigación.
La decisión sorprendió a abogados, activistas y la sociedad civil, que no esperaban una respuesta tan pronta del británico sobre este caso. Aunque todavía se desconoce el informe de cierre del examen preliminar, es de presumir que la etapa inicial de investigación estará basada en presuntos delitos cometidos en territorio venezolano a partir de 2017, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda ampliar este lapso de tiempo.
Los delitos a investigar, así como los acusados por estas graves violaciones a los derechos humanos, serán algunas de las cuestiones sobre las que se avanzará en esta etapa. Por lo pronto, la resolución del británico debe pasar por la Sala de Cuestiones Preliminares, que ratificará si hay elementos suficientes para proceder a la investigación.
Para Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, aún es difícil ver los escenarios que puedan desencadenarse tras el anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y pone la lupa en países donde han ocurrido circunstancias similares. “Suceden mayormente dos fenómenos en los procesos en los cuales se han activados tribunales penales internacionales: Uno, los más radicales se atrincheran, los perpetradores suelen radicalizarse, pero también se ha verificado en otros casos cómo aquellas ramas del Estado que no están involucradas en crímenes de lesa humanidad van abandonando a los perpetradores”.
Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, recuerda que si la investigación produce una sospecha fundada de partícipes en estos crímenes, la Fiscalía puede solicitar órdenes de aprehensión para cualquier funcionario venezolano.
Destaca los casos de mandatarios en ejercicio que fueron solicitados por la Corte Penal como Libia, donde se juzgó a Muammar Gaddafi, a varios de sus ministros e incluso su hijo enfrentó un proceso penal en otra instancia.
También está el caso del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gagbo donde hubo orden de arresto, que fue ejecutada y terminó en una sentencia absolutoria por la falta de pruebas, mientras que uno de sus colaboradores tuvo una sentencia mínima, también por problemas en las pruebas, a pesar de la gravedad de los delitos que estaban siendo juzgados.
Mientras que Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, dice que es puramente lógico que la estabilidad de altos funcionarios se vea comprometida, “porque no estamos hablando de que van a ser acusados de crímenes comunes, sino de lesa humanidad. En un país serio, tendría consecuencias y repercusiones. Ya veremos que sucede en el caso venezolano”.
La presidenta de Control Ciudadano destaca el memorando suscrito entre la administración Maduro y la Fiscalía de la CPI. “En pocas palabras le está diciendo al Estado venezolano ‘te doy el chance de que investigues y hagas justicia’. Vamos a ver de qué manera el Estado hace justicia en términos de los estándares de la Corte Penal. Estos estándares incluyen obligatoriamente a los mandos superiores involucrados en los crímenes, cuestión que no ha ocurrido hasta el momento en Venezuela”.
Si lo hace el Ministerio Público y los tribunales venezolanos, veremos la dinámica que se desarrolla, reitera. “Pero es muy probable que ocurran delaciones, que ocurran procesos de información que se generen de efectivos policiales y militares directamente a la Corte Penal, es decir que rindan declaración a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ya sea por miedo o para no ser arrastrados como cómplices de sus obligaciones”.
Mientras que el analista y abogado en derecho constitucional Juan Manuel Raffalli afirma que la decisión de la CPI genera “un elemento de tremenda presión” sobre el sistema de justicia venezolano, empezando por la Fiscalía, “y creo además que la enorme virtud de lo que se firmó (memorando) es que es un acuerdo vinculante para la República de Venezuela respecto del deber de colaboración con la investigación”.
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