La Suprema Corte de Estados Unidos examina este lunes un recurso interpuesto por tres musulmanes que acusan a la policía federal de haberlos vigilado por pertenecer a esa religión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Los tres californianos aseguran que el FBI infiltró un informante en su mezquita para recolectar información sobre los fieles entre 2006 y 2007.
El hombre «que tenía antecedentes penales, se presentó como un converso ansioso por volver a sus raíces franco-argelinas», precisó Ahilan Arulanantham, abogado de la poderosa asociación de defensa de los derechos civiles ACLU, que respalda a los demandantes.
El FBI le «pidió reunir tanta información como fuera posible sobre personas de la comunidad, sus números de teléfono, correos electrónicos, conversaciones, que grabó en secreto», agregó durante una presentación del caso a la prensa.
«Luego comenzó a tratar de incitar a la gente a la violencia como parte de sus tareas para el FBI, pero asustó a muchos cuando habló de poner bombas, de la yihad, de la guerra en Irak y Afganistán» y «lo denunciaron a la policía», agregó Arulanantham.
Tras el incidente el informante se peleó con los agentes y decidió hacer pública su labor remunerada para el FBI, según el abogado.
El imán y dos fieles demandaron entonces a la policía federal por discriminación y atentado a la libertad religiosa.
El departamento de Justicia aseguró haber lanzado el programa de vigilancia por razones objetivas, y no porque las personas eran musulmanas. Pero se escudó en el secreto de Estado para no detallar sus motivos y pidió a los tribunales desechar la denuncia.
Un tribunal de primera instancia le dio razón, pero una corte de apelación juzgó luego que el tribunal debió examinar a puerta cerrada los elementos protegidos por el secreto de Estado.
La más alta jurisdicción estadounidense aceptó intervenir y responder a la pregunta siguiente: ¿Puede un tribunal tener en cuenta elementos clasificados para decidir si prospera una demanda sobre la legalidad de un programa de vigilancia estatal?
El caso es «extremadamente importante» porque responde a la pregunta de si el gobierno puede impedir cualquier demanda contra sus programas de vigilancia, «incluso cuando hay acusaciones muy fundadas, como esta, de discriminaciones religiosas», señaló Arulanantham.
La Corte debe entregar su veredicto de aquí a junio de 2022.
AFP