La improvisación en un plan de vacunación que no termina de cuajar, así como la relajación de medidas de bioseguridad y la falta de condiciones en instituciones educativas ha generado una ola de contagios en varios planteles de seis estados, entre los que se cuenta a Lara que ha obligado a la suspensión de actividades académicas y administrativas, a tan sólo 16 días del inicio de clases, en aras de frenar el avance del COVID-19.
De manera extraoficial, se conoce que los infectados están entre alumnos y personal docente; sin embargo, no hay cifras exactas de cuántos pacientes dieron positivo ni cuántos planteles a nivel nacional habrían cerrado sus puertas. Docentes afirman que la situación se agravó ante las fallas de servicios públicos en escuelas, pues 95% está sin dotación en implementos de bioseguridad.
De acuerdo a algunas notificaciones referidas a los representantes, gremios se enteran que la suspensión abarca planteles en Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Mérida, Zulia y Lara. Solamente en la región larense, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores, conoció de manera extraoficial la paralización por casos sospechosos en el CEI Tamaca y EB de El Potrero, ambos en la parroquia Tamaca de Barquisimeto; escuela Pablo Manzano Veloz de la calle 60 y colegio María Pereira Daza, en El Ujano, los dos ubicados en la capital larense. Entre los foráneos están el liceo Egidio Montesinos en Carora, y la escuela de El Molino y el grupo escolar Roberto Montesinos de El Tocuyo.
Ignoran la totalidad de afectados y hasta el equipo de La Prensa intentó comunicarse con Javier Cabrera, autoridad sanitaria regional, pero no fue posible. Sólo se conoce que se trata de planteles educativos que abrieron sus puertas desde el 25 de octubre con una programación por secciones y que ante el alarma por docentes o alumnos afectados, optaron por llamar a asamblea y con el consentimiento de los padres reprogramar dicha interrupción con más peso en la asignación de trabajos virtuales.
Se retumban las sirenas en todo el país, cuando Euribiades Verdú, titular de Colegio de Profesores de Venezuela, lamenta la falta de comprobación y lo difícil de continuar de manera regular en las escuelas públicas, ante las deficiencias de servicios que no garantizan el suministro fijo del agua y poco pueden esperar de la disposición de lavamanos, entre las principales medidas de prevención.
«Lo más complicado es que se está dando un tratamiento distinto a la educación, más favorable para aquellos de mayor poder adquisitivo», rechaza con temor de esa mayoría del 80% que forma parte de la matrícula pública, pero sin la garantía de contar con los servicios públicos, personal sin implementos de bioseguridad y las quejas del personal obrero.
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