Un jurado en Estados Unidos decidió el martes que los organizadores de una marcha de ultraderecha realizada hace cuatro años en Charlottesville, que dejó un muerto y al menos 19 heridos, deberán pagar más de 25 millones de dólares en indemnizaciones.
Así concluyó la demanda civil presentada por residentes de esa ciudad del estado de Virginia, que se vieron afectados por la manifestación de agosto de 2017 «Unite the Right» (Unir a la derecha).
La protesta era contra los planes municipales de retirar una estatua del general Robert E. Lee, quien comandó fuerzas militares en favor del sur proesclavitud durante la Guerra Civil estadounidense entre 1861 y 1865.
La manifestación comenzó con una marcha la noche del 11 de agosto, en la que neonazis y supremacistas blancos portaban antorchas. Al día siguiente, en medio de choques con contramanifestantes, un simpatizante neonazi, James Fields, condujo su automóvil contra una multitud de personas, matando a una mujer de 32 años, Heather Heyer.
El jurado que examinó el caso civil no logró acuerdo en dos cargos federales de conspiración, pero encontró a los acusados responsables de conspiración civil y otros reclamos bajo la ley estatal de Virginia.
Doce personas y cinco grupos nacionalistas neonazis y blancos, entre ellos el Movimiento Nacionalsocialista y Vanguard America, fueron ordenados a pagar más de 25 millones de dólares en daños y perjuicios.
Roberta Kaplan, abogada de los demandantes, dijo que el veredicto es «un mensaje de que este país no tolera la violencia basada en el odio racial y religioso de ninguna forma».
«Y de que nadie volverá a llevar la violencia a las calles de Charlottesville, Virginia, porque ahora saben lo que pasará si lo hacen», afirmó.
En una declaración conjunta, los nueve demandantes dijeron esperar que este fallo «anime a otros a sentirse más seguros alzando la voz en el futuro para defender la dignidad humana y contra la supremacía blanca».
Después de los actos de violencia de agosto de 2017 en Charlottesville, el entonces presidente Donald Trump dijo que había «gente muy buena en ambos lados», lo cual le valió acusaciones de complacencia con la extrema derecha.
Fields fue luego condenado a cadena perpetua.
El proceso civil, iniciado en 2017 por las víctimas, avanzó lentamente, en particular debido a la falta de cooperación de los acusados. Durante el juicio, la mayoría de ellos no negó sus creencias, incluidas las racistas, pero negó haber planeado la violencia.
Los organizadores de la manifestación argumentaron que simplemente estaban ejerciendo sus derechos de libertad de expresión garantizados en la Primera Enmienda de la Constitución.
En las décadas de 1980 y 1990, las demandas civiles presentadas por activistas antirracistas pusieron de rodillas a varias organizaciones extremistas, obligadas a ceder sus propiedades para pagar las indemnizaciones fijadas por los tribunales.
AFP