El Centro Carter acaba de publicar el lapidario informe de su misión electoral en Venezuela para las elecciones regionales del 21 de noviembre. En el documento, afirman que “no se cumplieron los estándares básicos para elecciones democráticas”.
La misión del Centro concluyó que «las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas».
Además, denunciaron “la injerencia política y gubernamental socavaron el Centro Nacional Electoral”.
“Las elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos”, agrega el texto.
También condena el robo de las elecciones en Barinas: “La reciente decisión del TSJ de suspender la totalización de los votos para la gobernación de Barinas y convocar nuevas elecciones para el estado en enero 2022, invocando la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano, desconociendo el Decreto Presidencial del 31 de agosto de 2020, mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos, entre los que se encontraba Superlano, es otro ejemplo de intromisión del TSJ en el desarrollo del proceso electoral”.
En este contexto, el Centro Carter sí remarcó positivamente la actitud de los votantes, la sociedad civil y las organizaciones de observación nacional “por su compromiso democrático durante el día de las elecciones y durante el período posterior a las elecciones.
La misión denunció también que las elecciones estuvieron marcado por la propaganda coordinada a favor del régimen, “fundamentalmente desde el aparato del Estado y mediante el uso partidista de sus instituciones”.
“El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MippCI) ha publicado diariamente durante la campaña las etiquetas que más tarde serían difundidas por otros organismos gubernamentales, como ministerios e institutos oficiales. Estas etiquetas fueron también replicadas por la televisión estatal, a menudo desde el programa Con el mazo dando, dirigido por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y en el que comparece con cierta asiduidad el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por medio de esta práctica, toda la maquinaria estatal ha resonado al unísono”, explica el informe.
El análisis del Centro Carter ha identificado que para la ejecución de este tipo de campañas se utilizó una red de tuiteros que actuó de manera coordinada en la publicación y difusión de los mensajes propagandísticos: “Esta red es difícil de detectar porque no está formada exclusivamente por grupos de bots -programas que difunden mensajes de forma automatizada- sino por ciudadanos coordinados a través de las redes y remunerados por medio del Carnet de la patria, un programa del Estado para el abastecimiento de alimentos y el reparto de ayudas sociales”.
De hecho, el 2 de diciembre, apenas 11 días después de las elecciones, Twitter anunció que había suspendido 277 cuentas responsables de “amplificar hashtags y temas en apoyo del Gobierno y sus narrativas oficiales”. De acuerdo con este informe, algunos individuos de la red habrían autorizado a una aplicación denominada Twitter Patria a manejar sus cuentas con ese propósito.
La Misión de Expertos comenzó sus labores a mediados de octubre y estuvo presente en Venezuela del 7 al 27 de noviembre de 2021. Durante ese período analizó el contexto general de las elecciones y el cumplimiento del proceso electoral con los estándares internacionales con miras a futuras elecciones en Venezuela.
La misión del Centro Carter se centró en aspectos clave del proceso electoral venezolano, incluido el marco electoral legal; la efectividad y transparencia de los preparativos electorales; el entorno en el cual se llevó a cabo la campaña electoral, incluida la libertad de los medios de comunicación, respeto por los derechos de participación fundamentales; el uso de las redes sociales, incluido un análisis de la tendencias de la desinformación en redes; y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico, inclusive durante la tabulación de resultados.