Hoy se cumple el cuarto aniversario de la masacre en El Junquito, que cobró la vida del piloto Oscar Pérez y sus seis compañeros; sin que haya responsables ni juicios contra quienes cometieron esta ejecución, que para organismos internacionales de derechos humanos, fue extrajudicial.
Oscar Pérez junto a José Alejandro Díaz Pimentel, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla fueron acribillados a disparos con armas de alto calibre, a pesar de haberse rendido ante las fuerzas de seguridad del régimen.
«Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», esas fueron las últimas palabras de Oscar Pérez, en un video publicado en Instagram, red en la que transmitió el asedio de los cuerpos de seguridad y permitió que el país entero pudiera ver un poco de lo que ocurría en la casa donde se ocultaba en la urbanización Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito.
En 2019, diputados de la Asamblea Nacional legítima, entregaron al Tribunal Penal Internacional de La Haya, más de 400 fotografías inéditas, vídeos y varios informes que revelaban que Pérez y sus compañeros nunca dispararon sus fusiles, «incluso tienen las 30 municiones completas más una en la recámara», indicó el exdiputado Wilmer Azuaje.
Los cadáveres de Pérez y sus compañeros tenían disparos en la cabeza, cuello, pecho, brazos y espalda.
Unos días antes de su ejecución, Pérez había afirmado al New York Times que no temía perder la vida, sino a fracasar y a fallar a los venezolanos.
La ejecución del piloto, es uno de 27 mil casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron entre enero de 2010 y agosto de 2020, según reveló Marino Alvarado, defensor de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, quien además señaló que la policía «no dispara para neutralizar, sino para aniquilar».
El más buscado
Oscar Pérez, de 36 años, fue declarado como «el criminal más buscado» de Venezuela tras realizar varias acciones para llamar la atención del régimen. ¿Su objetivo? Exigir la renuncia de Nicolás Maduro y pedir la convocatoria a elecciones libres y transparentes.
Todo empezó el 27 de junio de 2018 cuando tomó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), institución de la que formaba parte como inspector, y efectuó varios disparos sobre la sede del Ministerio del Interior.
Luego voló hacia el Tribunal Supremo de Justicia, disparó mientras sesionaba la Sala Constitucional y lanzó cuatro granadas aturdidoras.
Cinco meses más tarde, comandó el asalto en el Fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo, y logró sustraer 26 fusiles y varias municiones.