Enero de 2022 no había llegado a la quincena y en Venezuela ya habían sido asesinadas 27 personas por las fuerzas de seguridad, reportó la ONG Control Ciudadano. Un preocupante comienzo de año que recuerda una realidad aún peor: entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, parte del expediente de violaciones de derechos humanos que pesa sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, por el que varios organismos internacionales han encendido alarmas y la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación.
De acuerdo al artículo de El País, el dato global de los 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales es de Cofavic, una organización creada por los familiares de las víctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, los masivos disturbios y saqueos registrados en la capital que fueron controlados violentamente por la fuerza militar y policial y terminaron en ajusticiamientos y desapariciones. La ONG ha seguido por más de 30 años este fenómeno y asegura que no ha dejado de ocurrir e incluso ha venido en aumento, pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido al Estado venezolano garantías de no repetición.
“Ahora no solo estamos viendo ejecuciones extrajudiciales por un uso desproporcionado de la fuerza pública, estamos frente a patrones sistematizados vinculados al propósito de generar control social en zonas populares de áreas urbanas”, advierte la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Las ejecuciones extrajudiciales, al igual que la tortura, son violaciones de derechos humanos múltiples, porque involucran el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso”.
Gregorio Chinchilla habló con su hijo por teléfono antes de entrar al Metro. Al salir del subterráneo, en un viaje de no más de media hora, tenía mensajes en su celular de familiares que le informaban que el joven había sido asesinado.
“Le dieron tres tiros en el pecho, uno de gracia en el corazón”, relata, según lo que ha podido reconstruir de ese día de abril de 2019 en que mataron a su único hijo.
“Unos funcionarios presuntamente del FAES (un grupo élite de la Policía Bolivariana) llegaron a su casa diciendo que eran del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción, la estructura gubernamental que reparte bolsas de comida a precios subsidiados), tocaron la puerta y el suegro de mi hijo les abrió. Al señor lo arrodillaron y metieron en un cuarto. A mi hijo lo sacaron de la cama y lo mataron en el pasillo”.
Hubo disparos al aire y en medio de la requisa a la casa los funcionarios le gritaban “¡Entrégate!”. Era parte, dice Chinchilla, de la actuación para simular un enfrentamiento con la policía, aunque Anrry Chinchilla Berroterán —mototaxista y mecánico, de 30 años de edad, padre de una niña de 6— no estaba armado. Los funcionarios llevaron el cuerpo en una camioneta a un hospital y ahí comenzó un calvario para la familia que intenta hacer justicia.
Las categorías de muertes por “resistencia a la autoridad”, “enfrentamiento” o “bajo averiguación” esconden una buena parte de las ejecuciones extrajudiciales. En su informe de finales de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia calculó un promedio de seis muertes al día por “resistencia a la autoridad” el año pasado.
Cabe acotar que, el 25 de este mes Venezuela vuelve a rendir cuentas en el Examen Periódico Universal con estos indicadores a cuestas.
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