La extradición del venezolano Ernesto Quintero, de España a Venezuela, ha sido suspendida un día antes de que fuera entregado a autoridades venezolanas, pero sus abogados continúan en una batalla legal para evitarlo a toda costa.
Al parecer, tenían previsto hacer la entrega a través de un vuelo comercial de Turkish Airlines con escala en Estambul y destino Caracas, pero ha dado positivo por la COVID-19 en el último test que se le ha realizado y ha quedado aplazada temporalmente, según informó el abogado defensor Ismael Oliver.
Quintero fue detenido en 2019 por la Policía Municipal de Madrid por contar con una notificación roja de Interpol. De esa forma comenzaba su calvario. Ha solicitado asilo a España en tres ocasiones, pero le ha sido negado y permanece desde hace un año en la prisión de Soto del Real.
Ernesto Quintero, de 42 años, vive en España un proceso rocambolesco que puede acabar con su entrega a la justicia venezolana, uno de los tentáculos del chavismo a servicio de sus jerarcas. «Allí puede ser torturado y asesinado», insiste su mujer, Cismary Marcano, quien hoy se ha encadenado frente al Congreso de los Diputados.
Desde Maracaibo, la familia de Quintero informó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acudieron a su domicilio para amenazarlos. «Estaremos encantados de recibir a Ernesto», les dijeron a sus padres, según su abogado.
Ernesto Quintero trabajaba como administrativo en ABA Mercado de Capitales, una de las casas de Bolsa intervenidas por Hugo Chávez en 2010. Sus dueños fueron acusados de estafar 50 millones de dólares, pero Quintero trabajó con los interventores del Estado durante tres años e incluso fue reconocido por ello. Más tarde, cuando ya trabajaba en otra empresa, fue elegido como cabeza de turco, víctima de una trama de corrupción.
La Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros se han mantenido firmes en su decisión de extraditar a Quintero pese a la postura en contra de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). Ni los jueces españoles ni el Gobierno han considerado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga a la «revolución bolivariana» por cometer crímenes de lesa humanidad. Los informes de Naciones Unidas acreditan torturas y violaciones sexuales contra detenidos. La independencia judicial es hoy una utopía imposible en la Venezuela chavista.
Con información de El Mundo.