Marianna Romero, directora general del Centro para Defensores y la Justicia, explicó la existencia de una política de estigmatización proveniente del «Estado» dirigida a personas críticas, defensores de derechos humanos o disidentes del régimen, y Diosdado Cabello forma parte de ella, a través de su programa Con el Mazo Dando.
«Son vistas como enemigos internos y se cometen agresiones contra ellas, como la detención por motivos políticos», aseveró Romero en el programa Aló Buenas Noches, quien señaló que la institución a su cargo, Amnistía Internacional y el Foro Penal Venezolano llevaron a cabo una investigación denominada «Represión controlada».
A través de esta investigación buscan sustentar cómo esta política represiva y de control social, y de criminalización ha derivado, en que distintos discursos provenientes de altos funcionarios hayan servido la plataforma «para asentar la base de toda esta política represiva con esos discursos de odio, llamados a la violencia y la caracterización del enemigo interno, y esto deriva en la materialización de distintos patrones de agresión, incluyendo las detenciones arbitrarias».
Romero señaló a programas y páginas web como: Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello, Misión Verdad, Lechuguinos y entre otros, de haber sido empleados por funcionarios y personas afectas al régimen para hacer llamados de violencia y señalar a las personas, e incluso publicar carteles de «se busca» o círculos rojos para marcarlos como un target que termina en encarcelaciones arbitrarias y el inicio de investigaciones penales.
En la investigación conjunta, quedan en evidencia las correlaciones entre estas detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas por fuerzas de seguridad que materializan estas agresiones violentas. Marianna Romero subrayó que en 2019, había una correlación del 29% entre la estigmatización y las detenciones arbitrarias, en 2020 aumentó a un 42% y en el primer semestre de 2021 la cifra llegó a 77%, lo que demuestra que a medidas que se profundiza este discurso de odio y de criminalización se acentúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos, «y allí se refleja la materialización del crimen de persecución conforme al Estatuto de Roma».
Asimismo, indicó que la Misión Internacional establecía en marzo de 2021 que estos patrones de odio y el uso del discurso del enemigo constituían una grave violación de los derechos humanos, y el hecho de que constituya un patrón de persecución política ya la circunscribe al crimen de persecución según el Estatuto de Roma por lo que la fiscalía tiene competencia para el mandato de su investigación que ya está en curso para avanzar en un proceso de rendición de cuentas de los perpetradores de esta política de Estado que va desde los más altos niveles del Estado y se traslada a organismos de seguridad quienes son los que ejecutan estas ordenes emitidas a través de medios de comunicación y redes sociales.