El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez, mostró su preocupación por la situación de los migrantes irregulares que atraviesan la selva panameña rumbo a Estados Unidos, pese a los esfuerzos del gobierno del país centroamericano.
«La Corte tiene preocupación especial por este fenómeno migratorio», las «historias que hay detrás» de cada migrante son «un elemento de preocupación muy grande en lo personal» también, afirmó Pérez.
El magistrado estuvo en Panamá para visitar varios albergues del gobierno, donde se acoge a los migrantes que atraviesan la jungla del Darién, fronteriza con Colombia.
Pérez supervisó el cumplimiento, por parte de Panamá, de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana en 2020, cuando miles de migrantes irregulares quedaron varados en el país debido a la pandemia.
La Corte exigió al país centroamericano proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas migrantes que se encontraban varadas en aquel momento.
Y «hemos visto avances y una voluntad (del gobierno panameño) a que esto se resuelva», agregó el presidente de la Corte con sede en Costa Rica.
La frontera selvática del Darién entre Colombia y Panamá, de 266 km, se ha convertido en corredor para los migrantes irregulares que tratan de cruzar América Central en su camino desde Sudamérica a Estados Unidos.
Por esa jungla virgen, de 575.000 hectáreas y donde la espesa vegetación impide ver el sol en algunas zonas, los viajeros enfrentan múltiples peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que asaltan o abusan sexualmente de migrantes.
Según cifras oficiales, durante 2021, cerca de 134.000 migrantes cruzaron el Darién, una cifra récord que supera el acumulado entre 2010 y 2020. En 2022, al menos 8.500 personas atravesaron esta peligrosa selva, en su mayoría venezolanos y haitianos.
Panamá se ha visto obligada a instalar distintos centros para brindar servicios básicos y atención médica a los migrantes, mientras esperan para seguir su periplo hacia Costa Rica.
«Lo que nosotros vimos es que la infraestructura ha mejorado» en comparación con años anteriores, afirmó a la AFP la subdirectora de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz, tras visitar los albergues.
Sin embargo, «hay temas pendientes» como el «acceso a la justicia» de las mujeres y niñas que han denunciado violencia sexual durante la travesía, agregó Paz.
AFP.