Se ha cumplido un año desde el inicio de la crisis política en Nicaragua. Lo que comenzó el 18 de abril de 2018 como una protesta que buscaba frenar la reforma al sistema de pensiones se transformó en una crisis política que ha cobrado la vida de más de 300 personas y ha dejado a miles más en las cárceles.
Con una oposición clamando por la renuncia del presidente Daniel Ortega, el mandatario y su esposa, la primera dama y vicepresidente, Roario Murillo, se han atrincherado en el argumento de que el actual gobierno caduca en 2022. Ambos han esgrimido, además, que la inestabilidad vivida en suelo nicaragüense obedece a un complot gestado en Estados Unidos.
En medio de este panorama – que ha hecho infructuosos los intentos de diálogo – madres de la nación centroamericana continúan demandando justicia. Aseguran que ni un solo policía, tampoco supuestos paramilitares que habrían actuado siguiendo las órdenes de Ortega y de su mujer, han sido procesados judicialmente por el asesinato de sus hijos.